OIJ y Paniamor avalan creación de registro de ofensores sexuales
La propuesta ya había sido calificada como urgente por las autoridades.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fundación Paniamor respaldaron, este jueves, la creación de un registro de ofensores sexuales en Costa Rica.
Representantes de ambas entidades fueron recibidos en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, encargada del análisis del expediente 23.886, que precisamente busca la creación de ese registro público para condenados por delitos sexuales, trata de personas y turismo sexual.
Esa idea, de la independiente Gloria Navas, defiende la necesidad de que el país cuente con un instrumento que facilite la identificación y localización de personas con estos antecedentes.
A ese registro tendrían acceso las instituciones del Estado y el sector privado que estén vinculadas con el cuido y tutela de menores de edad; e incluye datos personales como nombre, edad, dirección o fotografías, lo mismo que el número de condena y los delitos por los que se castigó.
Rosa María Jiménez, jefa del departamento de Violencia de Género del OIJ, insistió en que esta herramienta es vital para el monitoreo de esos sentenciados, especialmente cuando se ha demostrado el impacto que estos pueden tener en los núcleos familiares.
“Se ha demostrado en varias ocasiones que muchos de los ofensores son reincidentes y que hay ofensores, sobre a todo nivel familiar, que empiezan abusando hijos, nietos, bisnietos, sobrinos, empiezan y toman un rol de poder en la familia y siguen ese estilo con toda la familia, eso tenemos que pararlo”, dijo.
Uno de los puntos que más se discute sobre este registro es la falta de un plazo para la exclusión de las personas de ese listado, pues el texto lo único que indica es que las personas condenadas, una vez cumplidas sus condenas, deberán seguir actualizando sus datos durante 50 años.
“Lo que los datos señalan es que hay un seguimiento de entre cinco y 15 años en todos los países, pero yo no podría decir que después de 15 años ya dejan de ser un riesgo. Lo que sucede es que los estudios analizan a las personas a partir de las posibilidades de determinado sistema judicial”, precisó Óscar Valverde, de la fundación Paniamor.
El proyecto seguirá su discusión en la comisión, en busca de un dictamen y su posterior traslado al Plenario Legislativo.
