OIJ niega responsabilidad en muertes reportadas tras allanamientos a Fundación Manos Abiertas
Rándall Zúñiga defendió ante los diputados el protocolo que las autoridades utilizaron en el operativo del pasado 5 de marzo.
El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga, defendió este martes el protocolo de atención que las autoridades emplearon en los allanamientos a la Fundación Manos Abiertas, el pasado 5 de marzo.
En audiencia ante la Comisión de Discapacidad y Adulto Mayor, Zúñiga negó a los diputados que el actuar del OIJ tuviera incidencia en las 23 muertes que, según los propios legisladores, se registran tras las diligencias judiciales.
“Cuando hacemos un allanamiento, siempre vamos a priorizar la vida (…) Se hace una plantilla en la que se tienen los roles de cada uno, quiénes van, cómo se conforman los equipos…
“Yo no conozco, como director en pleno, que sí hay muertes y un expediente abierto, pero no manejo el número de personas como tal”, aseveró.
Zúñiga detalló al órgano que informó a la presidenta del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Kennly Garza, y la de Conapdis, Bilbia González, de que los allanamientos se realizarían.
Incluso aseguró que la fecha original de las diligencias era el 22 de diciembre, pero debido al receso de fin de año prefirieron trasladarlo para meses después.
En el caso de Garza, aseguró, conocía del operativo desde el 12 de febrero, mientras que González lo supo el 23 de ese mismo mes, es decir, casi dos semanas antes de los allanamientos.
El director, además, precisó que llevaron médicos propios para la atención de pacientes y coordinaron con especialistas y centros médicos cercanos para el eventual traslado de personas.
“Cuando hacemos la valoración, efectivamente la idea de llevar los médicos forenses nuestros, médicos residentes, especialistas en toxicología, técnicos peritos, etc., era para hacer una valoración completa en ambos centros.
“Sí se hizo una priorización, las personas críticas fueron trasladadas inmediatamente y las que estaban estables se mantuvieron ahí”, defendió.
Zúñiga también aclaró que las valoraciones en el sitio sobre la priorización de pacientes y esos traslados estuvieron a cargo de médicos de la CCSS, que llevó el propio Conapdis, y otros del hospital de Cartago.
Sobre el caso, el director informó que todas las personas detenidas se mantienen aún en prisión preventiva y que se decomisaron ₡200 millones en efectivo, $100 mil dólares y se congelaron cuentas con “importantes sumas”.
