Ministro de Turismo defiende que ley lo faculta a viajar en clase ejecutiva
Tras dos días de cuestionamientos por diferentes viajes al exterior, el jerarca salió este jueves al paso de las críticas mediante un comunicado de prensa.
El ministro de Turismo, William Rodríguez, defendió este jueves que la ley lo faculta a él y a otros jerarcas a viajar en clase ejecutiva.
Lo hizo en su primer pronunciamiento oficial luego de dos días de cuestionamientos por los millonarios montos que el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) ha gastado en viajes suyos al exterior.
"Todos los viajes realizados han tenido como único fin atender responsabilidades inherentes a mi cargo como ministro de Turismo, y cada uno de ellos ha sido previamente autorizado por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Turismo, tal como lo establece la normativa vigente. Estas autorizaciones cumplen con lo dispuesto por la ley y aseguran que todos los viajes oficiales se realicen de conformidad con los principios de transparencia y legalidad”, aseveró.
Esos viajes, según denunció el frenteamplista Ariel Robles, incluyen 18 destinos que, sumados, alcanzaron la cifra de ₡47 millones.
El viaje más costoso fue a Uzbekistán, para el que el gasto total, incluido viáticos, superó los ₡8 millones.
Junto a esas críticas, se cuestionó que, además, viaje en clase ejecutiva con todas “las extras” posibles.
“El artículo 45 del Reglamento de Gastos de Viaje y Transporte habilita explícitamente a los jerarcas de las instituciones públicas a viajar en clase ejecutiva o de negocios, disposición que incluye al Presidente Ejecutivo del ICT. No existe, hasta la fecha, ninguna instrucción que limite esta prerrogativa”, dice el documento firmado por Rodríguez.
Efectivamente, ese artículo delimita que la primera clase está reservada únicamente para el presidente de la República, pero que “los otros miembros de los Supremos Poderes, los viceministros, los Presidentes Ejecutivos, los Gerentes de las instituciones autónomas y aquellos funcionarios que integren la Autoridad superior Administrativa del ente público podrán viajar en clase ejecutiva o de negocios”.
Rodríguez insistió en que todas las compras de boletos se tramitaron mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) y que las variaciones en precios denunciadas por Robles, por ejemplo en un vuelo a Londres que se cotizó por menos de $4 mil, pero al final se pagaron casi $9 mil.
“Ese un fenómeno común en los procesos de contratación pública, en donde las cotizaciones iniciales están sujetas a cambios debido a factores externos como la oferta y demanda del mercado, especialmente en la compra de boletos aéreos”, añadió el jerarca.
Sobre este caso, un informe de Auditoría Interna del ICT precisó que, tras un análisis de la compra de 25 vuelos, se determinó que el 68% contaron con estudios de razonabilidad de precios que incumplen con los requerimientos establecidos para ser considerados válidos.
Y añade que la revisión de criterios técnicos de razonabilidad de precios no se revisa ni cuando se recibe solo una oferta.
Sobre esto, Rodríguez se limitó a decir que ese estudio “identificó oportunidades de mejora” que ya la Junta Directiva del instituto instruyó para su implementación inmediata.
