INDER acusa a Contraloría por no aprobar dinero para proyectos comunales y esta lo desmiente

El Instituto de Desarrollo Rural (INDER), acompañado por representantes de siete municipalidades, acusaron la tarde de este miércoles a la Contraloría General de la República (CGR) de improbar el dinero para 17 proyectos comunales.

Sin embargo, el órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa sí aprobó el plan de gastos para 10 iniciativas que estaban contempladas en Planes de Desarrollo Rural Territorial (PDRT) vigentes, según aclaró su División de Fiscalización Operativa y Evaluativa ante consulta de Teletica.com.

En la conferencia de prensa previa al Consejo de Gobierno, el presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural, Oswaldo Artavia, aseveró que el ente fiscalizador rechazó que se giraran ¢5.804 millones para estos proyectos, que incluyen, por ejemplo, construcción o mejoramiento de caminos, entre otros.

Artavia adujo que la Contraloría tomó esa determinación luego de que concluyera que las iniciativas no se relacionaban con los Planes de Desarrollo Rural Territorial, que —explicó— son desarrollados a través de los distintos consejos de desarrollo territorial, con la participación de representaciones municipales y de la sociedad civil.

No obstante, de acuerdo con el jerarca, no existe una obligación legal de que el financiamiento de este tipo de iniciativa estén vinculados con esos Planes de Desarrollo Rural.

"No veo dónde está la relación para improbar algo que hasta ahora lo toman en cuenta. Ellos dicen que esos planes están vencidos desde 2021, entonces nos parece muy extraño cómo sí aprobaron los presupuestos en 2021, 2022, 2023 y 2024.

"Posiblemente, ante la vuelta que hicimos en el Instituto y empezamos una ejecución que empieza a beneficiar a mucha gente, parece que hay alguien a quien le chima (sic.) el zapato, y le duele y le molesta que llevemos beneficios a estas personas. Eso es lo que indigna, porque es una decisión, una interpretación de la Contraloría, que es desproporcionada y arbitraria", aseveró el jerarca en su exposición.

Pero el órgano auxiliar del Congreso sí avaló parcialmente el plan de gastos, al conceder ¢4.949 millones para 10 proyectos asociados con planes de desarrollo rural territorial que sí están vigentes.

"Los recursos para los proyectos restantes no fueron aprobados debido a que, luego de reiteradas solicitudes y reuniones con el Instituto de Desarrollo Rural, se constató que los Planes de Desarrollo Territorial suministrados se encontraban vencidos desde 2021, así como, el Plan Nacional de Desarrollo Rural Territorial desde 2022", señaló el ente fiscalizador a este medio.

Se aunó en la respuesta dada que la Contraloría no recibió un solo presupuesto extraordinario de parte de la entidad en cuestión en 2023.

El órgano auxiliar de la Asamblea, además, comunicó al Instituto de Desarrollo Rural que una vez que cuente con los Planes de Desarrollo Rural Territorial, podrá presentar un nuevo presupuesto extraordinario que incorpore los recursos de las iniciativas pretendidas.

De hecho, Artavia adelantó que formulará el nuevo plan de gastos.

Pero el Instituto de Desarrollo Rural ya había indicado a la Contraloría que en agosto próximo, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) oficializará la nueva Política de Desarrollo Regional y Planes Regionales de Desarrollo y, posteriormente, se elaborarán los Planes de Desarrollo Rural Territorial.

"Es importante mencionar que, la competencia de aprobación presupuestaria consiste en verificar si se cumple o no con los requisitos establecidos en la normativa para que un presupuesto sea aprobado o será improbado por la Contraloría General de la República, conforme sus competencias constitucionales, legales y normativas en la materia", subrayó el ente contralor.

A la conferencia asistieron los alcaldes Fernando Portuguez (Tarrazú), Juan Manuel Quirós (León Cortés), Wálter Céspedes (Matina), Bienvenido Venegas (Esparza) y Karen Alfaro (San Mateo).

También acudieron los vicealcaldes Alejandra Zúñiga (Naranjo) y Alejandro Bonilla (Tarrazú); así como el funcionario Alonso Araya (Sarchí​).