¿Están trasladando los bancos información sensible de sus clientes al Central?

El Banco Central solicitó a los bancos del sistema financiero formal trasladarle información sensible de sus clientes para la construcción de estadística.

Esa petición incluía los datos de sus carteras de ahorro y crédito.

El Banco Popular confirmó, a inicios de esta semana y a diferentes medios de comunicación, que recibió esa solicitud y que trasladó esos datos en los mismos términos que lo hace a la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).

Sin embargo, este viernes aseguró que no se referiría más al caso por ser un tema judicializado.  

“Encontrándose ya este asunto en instancias judiciales e incluso en análisis de la Sala Constitucional, debido a diversas acciones presentadas ante dicha instancia, el Banco Popular estima pertinente de momento no emitir nuevas declaraciones sobre el particular”, dijo la oficina de comunicación del banco.

Con la misma postura respondió a este medio el Banco de Costa Rica. No obstante, cuando se le consultó en cuál causa estaba señalado o imputado, reconoció que en ninguna.

“Hasta donde tenemos conocimiento, el BCR no forma parte en los mencionados procesos judiciales”, afirmó.

Pese a esto, tres fuentes cercanas e independientes entre sí, confirmaron a Teletica.com que el BCR también trasladó esa información al Central y que la misma solicitud también se le hizo a tres bancos privados, entre ellos el BAC.

Consultada, esta entidad financiera se negó a referirse el caso.

“Con respecto a las consultas que remitiste esta tarde para BAC, la posición del Banco es que no se va a referir a este tema”.

El Banco Nacional, finalmente, también confirmó que recibió la solicitud por parte de la autoridad monetaria, pero que su gerente general, Bernardo Alfaro, se negó a trasladar esos datos.

Esa negativa le valió a Alfaro una denuncia penal, según adelantó días atrás el medio El Observador.

¿Por qué?

El caso estalló el pasado 17 de agosto cuando la SUGEF dio a conocer la denuncia penal que la gerente del Central, Hazel Valverde, presentó contra la superintendente Rocío Aguilar.

A ambos se les acusó del presunto delito de “desobediencia a la autoridad”, precisamente porque ambos se negaron a enviar esa información alegando la protección de los usuarios.

La Uccaep, la Agencia de Protección de datos de los Habitantes (Prodhab), la Oficina del Consumidor Financiero y los propios bancos, mediante la Asociación Bancaria Costarricense, son apenas parte de los que han levantado la voz en contra de la solicitud del Central, que calificaron como peligrosa y, además, inconstitucional.

Por ese caso, se han presentado diferentes acciones de constitucionalidad y además se presentó una medida cautelar contra el Central para que desistiera de esas solicitudes.

El Central, por su parte, ha insistido en que necesita esa información para crear estadística que a su vez se traduzca en política pública.

Y dijo que esta información debe ser íntegra (no anónima) para poder caracterizar y agrupar a sus usuarios, por ejemplo, por su lugar de residencia o estrato social.

Este medio intentó conocer la posición del Central sobre esas solicitudes hechas a los bancos anteriormente mencionados; sin embargo, al cierre de esta nota no se había obtenido respuesta.