Diputados presentan al Plenario nueva solución a lista negra de la Unión Europea

La comisión especial que analizó las posibles salidas a la lista de países no cooperantes de la Unión Europea dictaminó este lunes una nueva solución a ese problema.

Se trata de un texto sustitutivo al expediente 23.581 propuesto por la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), que precisamente tomó como base la solución adoptada por el Gobierno de Uruguay para ese mismo problema.

La vía propuesta aclara que en el caso de las rentas pasivas extraterritoriales (rendimientos en el extranjero sobre capital de origen costarricense) estas únicamente se cobrarán a entidades no calificadas, que son contribuyentes que no posean una actividad económica formal (recurso humano, infraestructura, gastos de operación etc).

De esa forma, las autoridades evitarían que empresas multinacionales se aprovechen de una doble no imposición domiciliándose en Costa Rica.

Esa salida, que ahora irá a consulta y deberá votarse en el Plenario Legislativo y además ser revisada y aprobada por la Unión Europea antes de que acabe agosto, pues la revisión definitiva será en octubre.

Jonathan Acuña (Frente Amplio) y la diputada oficialista Pilar Cisneros (PPSD) fueron los únicos que votaron en contra.

El primero aseguró que, si bien comparte la urgencia por sacar al país de esa lista y además está de acuerdo con la solución propuesta, el texto dictaminado incluye un transitorio que permitiría excluir a contribuyentes que hoy sí pagan ese impuesto, debilitando así la base impositiva del país.

Cisneros, mientras tanto, defendió que la propuesta del Gobierno (una reforma integral al impuesto sobre la renta) ya contaba con el visto bueno de la Unión Europea, mientras que este nuevo camino no, por lo que cuestionó al órgano qué pasaría si este es rechazado en medio de los ajustados plazos que hoy existen.

El otro punto importante es que el texto establece que los cambios aprobados entrarán en vigencia el 1° de enero próximo, por lo que no se cumpliría con la demanda de la UE en que sus efectos debían ser retroactivos a enero de 2023.

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