Diputados fijan el próximo 25 de junio como fecha tentativa para votar solicitud de referendo
Antes de esa votación, el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, decidirá si el proyecto deberá pasar a consulta del TSE y la Sala Constitucional.
Los jefes de las diferentes fracciones fijaron el próximo 25 de junio como fecha tentativa para votar el proyecto de solicitud de referendo que presentó días atrás el gobierno de Rodrigo Chaves.
El acuerdo se tomó esta mañana en medio de las últimas discusiones sobre la ruta que seguirá la Asamblea Legislativa con la llamada “Ley Jaguar”.
La fecha propuesta únicamente dependerá del análisis que realiza el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, sobre las consultas que podría o no recibir el texto, específicamente por parte de la Sala Constitucional y el Tribunal Supremo de Elecciones.
Arias insistió en que, en su interpretación de la norma, la consulta al TSE se realizaría luego de que el Plenario tome una decisión y que sería el máximo tribunal electoral el que decida si lo envía o no a la Sala Constitucional.
Sin embargo, adelantó que estudiará las normas vigentes para llegar con una resolución formal el próximo jueves 20 de junio.
El diputado verdiblanco insistió que la intención no será reformar o analizar el proyecto.
“Lo que tenemos que darle es un pase de admisibilidad, no es un estudio para poderla cambiar, reformar o adicionar, eso no se puede, precisamente el origen del referendo es que esto se le envíe al pueblo y sea el pueblo el que determine”, aseveró.
Si las consultas previas no son obligatorias, el martes el Congreso someterá a votación el proyecto, que necesitará de al menos 29 votos para aprobarse.
De momento, la única diputada que ya adelantó el voto es la liberacionista Andrea Álvarez, quien este jueves hizo público su rechazo a la consulta popular, aduciendo severos cuestionamientos de constitucionalidad.
“El proyecto es lamentable y decepcionante, pues no incide en la calidad de vida de las y los costarricenses. Honestamente, esperaba que se sometieran a la voluntad popular temas que sí sean de impacto en la seguridad, economía, vivienda y otros aspectos que siguen pendientes de resolverse en la vida de los costarricenses. Lo propuesto es una venganza contra las instituciones que evitan, hoy por hoy, que los corruptos se roben la plata y cometan actos irregulares”, puntualizó.
