Diputado del PLN propone retrasar dos años la entrada en vigencia de Ley de Empleo Público
A menos de un mes para que entre en vigor, Gilberth Jiménez presentó el proyecto ante la queja de “grupos sindicales y organizaciones” que se oponen a la reforma.
El diputado de Liberación Nacional, Gilberth Jiménez, presentó este jueves un proyecto de ley para retrasar por dos años la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público.
La iniciativa llega a menos de un mes para que entre en vigor la reforma, que empezará a regir a partir del 10 de marzo próximo.
En su justificación, Jiménez argumenta que “diferentes grupos sindicales y organizaciones” han manifestado la necesidad de que se mejore o modifique la ley con el objetivo de que “realmente cumpla sus objetivos y fines”, por lo que su idea es que su vigencia inicie el 10 de marzo de 2025.
“Considero que es de vital importancia extender la entrada en vigencia de esta ley, y permitir que los diferentes sectores y organizaciones civiles, sindicatos y el Estado, puedan consensuar y presentar una verdadera propuesta de ley de empleo público que fortalezca y dignifique la función pública”, dice el legislador.
Dentro de sus observaciones, Jiménez cuestiona que implementar un salario único o global para todo el sector público y eliminar los incentivos económicos deja al Gobierno sin “herramientas estratégicas” que vinculen la remuneración con la consecución de objetivos socialmente deseables, “donde no se toma en cuenta tan siquiera la devaluación de la moneda ni el costo de la vida”.
El diputado hizo eco de un informe de la Procuraduría que señala “disposiciones confusas y equívocas” en el reglamento que está en consulta pública por parte del Ejecutivo y asegura que esa falta de claridad en temas tan importantes como la definición de los salarios únicos, va a afectar a los funcionarios públicos cuyos salarios se verán congelados hasta que esa remuneración global los alcance.
“No se garantizaría una remuneración justa para los funcionarios del sector público, ya que el salario único se establecería bajo criterios arbitrarios, sin un fundamento técnico que le otorgue razonabilidad”, insistió.
La reforma al empleo público ha sido calificada como vital por el FMI y la OCDE, que respaldan la iniciativa como una forma de traer orden en las remuneraciones del sector público, que consumen más del 50% del gasto total del país.
Para que la propuesta de Jiménez prospere, deberá tener un consenso de mayoría en busca de una dispensa de trámite y de una votación fugaz en el Plenario, todo esto sin tomar en cuenta la posibilidad de consultas o de un veto por parte del Ejecutivo.
