Coprocom pide reconsiderar exclusión de empresas chinas en despliegue de 5G
El órgano del MEIC asegura que el decreto ejecutivo sobre ciberseguridad carece de fundamentos técnicos y generará un grave impacto económico al país.
La Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) pidió al Gobierno de la República reconsiderar el reglamento que excluye a empresas chinas del despliegue de las redes 5G.
El órgano de desconcentración máxima del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) asegura que el decreto ejecutivo sobre ciberseguridad carece de fundamentos técnicos y generará un grave impacto económico al país.
Dicho documento, publicado el 31 de agosto sin consulta pública, utiliza como parámetros de riesgo el Convenio de Budapest, lo que impide que compañías provenientes de naciones no firmantes participen en el despliegue de la red.
"Desde nuestra perspectiva, falta fundamentación, porque en realidad lo que se hace es una referencia a que no se permite la participación de países que no hayan manifestado su anuencia de cumplir con el Convenio de Budapest, que es este tema de ciberdelincuencia, pero en realidad no existe ningún fundamento técnico que pueda determinar que los equipos provenientes de estos países presentan algún riesgo. En realidad no existe ninguna evaluación técnica que fundamente que podamos asegurar que estos productos representan un riesgo a la seguridad", explicó la presidenta de la Comisión, Isaura Guillén.
A criterio de Comisión para Promover la Competencia, la exclusión de fabricantes chinos como Huawei o ZTE en las redes 5G podría tener un impacto negativo en la economía.
Consideran que podría generar mayores costos para los operadores y una desaceleración en la innovación y, a su vez, dar lugar a disputas costosas y prolongadas que solo retrasarían aún más la expansión de esta tecnología.
"Para nosotros este decreto sí es un problema desde el punto de vista de la competencia, porque abiertamente está excluyendo la participación de empresas a la hora del desarrollo de esta tecnología. Esa es nuestra mayor preocupación: que se haga una exclusión con base solamente en el hecho de que un país no haya manifestado su anuencia a un determinado convenio. Ya por esa única razón se está excluyendo a las empresas que son provenientes de ahí o que tienen una sede en esos lugares", agregó Guillén.
Garantizar que las restricciones establecidas no sean discriminatorias y no menoscaben la sana competencia, la innovación y el progreso económico en el sector.
"El comunicado que hemos emitido es que el Ejecutivo efectúe una revisión de ese reglamento y que realmente se valore y se justifique de una manera técnica la necesidad de una exclusión de ese tipo. Y que si se logra determinar que existen otros mecanismos o que no existe una debida justificación, que no se impongan este tipo de limitaciones para la participación de empresas", comentó la funcionaria.
Días atrás, luego de los cuestionamientos de los diputados de la Comisión de Relaciones Internacionales, la ministra de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes, indicó que se abrirá un proceso de revisión al decreto.