Contraloría insiste en que Hacienda no puede comprar seguro para proteger a jerarcas ante demandas
El ente contralor afirma que una adquisición de ese tipo vulneraría el principio de legalidad en la administración de fondos públicos.
La Contraloría General de la República (CGR) envió un oficio al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y a la proveedora institucional del ministerio, Carmen Corrales, el pasado 16 de enero, en el que les informó que no es posible que el Estado compre un seguro para proteger a los funcionarios públicos por posibles demandas.
Así se desprende de las conclusiones del documento, en las que el ente contralor les avisó a ambos que cualquier intento de trasladar responsabilidades personales o de otorgar beneficios directos a funcionarios al patrimonio público sería incompatible con el principio de legalidad.
"Los recursos públicos solo pueden destinarse a gastos que cuenten con
un respaldo legal y que el Estado esté facultado para asumir, y cualquier eventual indemnización derivada de un seguro debe beneficiar a la Hacienda Pública y ser gestionada conforme a los principios que rigen la administración de recursos públicos", dice el informe firmado por Rafael Bolaños, gerente de Área de la CGR.
En el documento, la Contraloría explica que si bien el Instituto Nacional de Seguros (INS) es el ente autorizado para ofrecer seguros al Estado, eso no implica que el Estado pueda contratar todas las pólizas que esta institución ofrece.
Además, explica que únicamente la Hacienda Pública puede ser la beneficiaria de un derivado de un seguro pagado por el Estado.
"La contratación de un seguro no puede ser utilizada como un mecanismo para trasladar al erario responsabilidades personales de los funcionarios, ya que esto carece de sustento legal y vulnera los principios de legalidad, eficiencia y responsabilidad en la administración de los fondos públicos", añade el ente contralor.
La CGR asegura que, según la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, será el servidor público quien responderá de manera administrativa o civil por faltas que comentan en el desempeño de las labores.
El informe reitera en varias ocasiones que los seguros contratados por el Estado para sus funcionarios únicamente deben ir ligados a riesgos propios de las labores que desempeña el funcionario y no puede utilizarse como una vía para asumir responsabilidades personales de los funcionarios públicos.
En noviembre del año anterior, el vicepresidente de la República, Steffan Brunner, compareció en la Asamblea Legislativa ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, en la que defendió la iniciativa de compra de dichos seguros.
“(La póliza) es necesaria y justa para que el funcionario público pueda cumplir correctamente con sus funciones sin estar permanentemente poniendo en riesgo su patrimonio por cumplir con sus funciones como funcionario.
“Esta mala práctica, de que cualquier funcionario público puede ser denunciado por lo que sea y que la Administración da un paso al lado y dice al funcionario ‘usted defiéndase solo, muchas gracias por su servicio, pero si lo demandan usted queda solo’”, aseveró en ese momento.
Brunner también reconoció ante el órgano que fue él quien puso el tema sobre la mesa del Poder Ejecutivo, pues se valoraron opciones como un proyecto de ley o la protección legal por parte de las direcciones jurídicas de cada institución, pero esas posibilidades eran menos probables que la póliza.
El vicepresidente aseguró que el presidente Rodrigo Chaves, en un inicio, no apoyó la idea, pero luego sí, lo mismo que el resto de los ministros y que al final todos se sumaron a la idea.
