Congreso aprueba solución para lista negra de la UE en contra de criterio de Hacienda

Luego de semanas de ardua discusión, la Asamblea Legislativa aprobó esta noche en primer debate el proyecto que sacaría a Costa Rica de la lista de países no cooperantes (lista negra) de la Unión Europea (UE).

Lo hizo en contra de la posición del Ministerio de Hacienda y de un grupo de diputados que cuestionaron los alcances de la solución aprobada, que cambiaría la forma en que hoy se cobra el impuesto de renta para las rentas pasivas extraterritoriales (rendimientos en el extranjero sobre capital de origen costarricense).

La solución adoptada reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta para aclarar la obligación de gravar todas esas rentas extraterritoriales a entidades no calificadas o “empresas de papel”; es decir, contribuyentes que no posean una actividad económica formal en el país (recurso humano, infraestructura, gastos de operación etc.).

Ese camino fue apoyado por diputados de Liberación Nacional, el Liberal Progresista, la Unidad Social Cristiana y Nueva República, además del rechazo absoluto del Frente Amplio y el Progreso Social Democrático.

Estos últimos intentaron, sin éxito, aprobar alguna de las 10 mociones de reiteración que el FA presentó a última hora para modificar el texto aprobado.

Esos cambios fueron puestos como una condición del Ministerio de Hacienda para avalar el proyecto, caso contrario valoraría el veto incluso ante la premura del país por presentar esa solución a la Unión Europea antes del 8 de setiembre próximo.

“Pónganse la mano en el corazón, ustedes mismos están clamando por recursos para los costarricenses y vamos a permitir que estas empresas, absolutamente pudientes, no paguen estos impuestos.

“¿A quién estamos tratando de beneficiar? Esto no lo está pidiendo la Unión Europea para sacarnos de la lista negra, esto es un favor que le estamos haciendo a una serie de poderosas empresas para que no paguen los impuestos que tienen que pagar”, cuestionó la oficialista Pilar Cisneros, que dijo que ese proyecto provocaría que grandes contribuyentes dejen de pagar ₡21 mil millones en impuestos.

Declaraciones diputada Daniela Rojas:

¿Por qué?

La solución aprobada cambia la forma en que hoy se gravan las rentas pasivas extraterritoriales en el país, permitiendo que capitales de origen costarricense que ganen rendimientos en el extranjero no paguen impuestos.

Esa posibilidad, que ya había sido negada a un grupo de empresas en sede judicial y constitucional, fue ampliamente criticada por el ministro Nogui Acosta y el propio presidente Rodrigo Chaves.

Ambos le abrieron la posibilidad al veto del proyecto, una encrucijada pues, de hacerlo, el país se quedaría sin tiempo para intentar salir de la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea en que fue ubicada desde inicios de este año.

Ese grupo económico y político le pidió al Gobierno solucionar un problema en la legislación costarricense que permite una eventual doble no imposición, es decir, empresas extranjeras que no pagan impuestos ni en sus países de origen ni en Costa Rica.

Declaraciones diputado Jonathan Acuña:

Para lograrlo ofreció dos salidas: gravar todas las rentas pasivas extraterritoriales o gravar únicamente las rentas de entidades vinculadas a una multinacional y que fuese sin sustancia económica.

Este último fue el camino tomado por una mayoría del Congreso; que adicionó, sin embargo, ese cambio extra sobre la territorialidad del impuesto.

Esa decisión fue calificada por el FA y el PPSD como “un favor” a los intereses de grandes empresas que buscan evadir ese pago.

“El Ministerio de Hacienda no tiene capacidad ni de fiscalizar las rentas en el país. Tenemos un problema enorme de evasión y Hacienda es tan incompetente que ni siquiera puede controlar los ingresos que generan empresas en playas de Tamarindo, y ahora queremos ponerlo a desviar recursos que utiliza para tratar de hacer cumplir el pago del impuesto en el territorio nacional para andar persiguiendo dineros generados por Costa Rica en otros países.  

“No estamos defendiendo a nadie, solo estamos luchando contra la voracidad de Hacienda y evitar que meta su mano peluda en el bolsillo de los costarricenses”, insistió el liberal Eliécer Feinzaing.

Óscar Izquierdo, cabeza de la fracción del PLN, negó que su bancada tomara esa decisión para ayudar a ninguna empresa y presentó una moción para crear una comisión que definiera, finalmente, la territorialidad del impuesto.

“Ahí analizaremos, revisaremos y buscaremos, en conjunto, una definición concreta sobre el modelo tributario que debe tener el país, pero digámoslo con la verdad, no en carrera”, finalizó.

El Congreso fijó este jueves para la votación en segundo debate, si esta se logra el expediente se trasladará de inmediato a Casa Presidencial para su firma y de ahí se enviaría a la Unión Europea para una primera revisión el próximo 15 de setiembre.

En caso de que Chaves decida vetarlo, esa ventana de revisión se perdería debido a los plazos legislativos.