Por Juan José Herrera |18 de septiembre de 2023, 13:48 PM

La diputada oficialista Pilar Cisneros advirtió, este lunes, el riesgo de archivo que pesa sobre el proyecto de ley para sacar a Costa Rica de la lista negra de la Unión Europea, esto en caso de que el resello legislativo fracase.

En el programa Nuestra Voz, de la periodista Amelia Rueda, Cisneros recordó que la Constitución Política es clara en que, si la comisión dictaminadora recomienda el resello, pero no se consigue el mínimo de 38 votos, la propuesta irá automáticamente al archivo y no podrá retomarse hasta la siguiente legislatura, es decir, a partir de mayo próximo.

“Quiere decir que nos mantendríamos en la lista negra con todas las implicaciones que eso tiene, con todas las sanciones que nos van a poner y con el peligro que empresas que quieren invertir aquí no vengan o empresas europeas que ya están aquí, se vayan”, dijo.

Efectivamente, la Carta Magna es clara en su artículo 127 en que, en caso “de no reunirse los dos tercios de votos para resellarlo, se archivará y no podrá ser considerado sino hasta la siguiente legislatura”.

Sin embargo, hay salidas para ese escenario.

El experto constitucionalista, Fabián Volio, aseguró que, si eso llegara a suceder, el Congreso siempre podría redactar un nuevo texto, dispensarlo de trámite y buscar su aprobación, en el entendido en el que expediente anterior efectivamente caería al archivo.

Para Rubén Hernández, también especialista en la materia, habría una salida aún más sencilla.

“Si la comisión recomienda el resello y no se consiguen los 38 votos en el Plenario, ahí mismo se puede conocer el veto y aceptarse la recomendación del Ejecutivo, de esa manera se puede salvar la propuesta sin necesidad de caer en el archivo”, aseveró.

Cerrado pulso

Rodrigo Chaves anunció el jueves el veto parcial del expediente, aduciendo razones de “oportunidad, conveniencia y conciencia patriótica”.

En su análisis, el mandatario aseguró que permitir que empresas costarricenses ganen rendimientos por inversiones en el extranjero y no paguen impuestos sobre estos, es “irresponsable” con el erario y la ciudadanía.

Esto porque el proyecto aprobado, efectivamente, excluye del impuesto a las rentas pasivas extraterritoriales de empresas con sustancia económica o actividad formal en el país, y obliga al tributo solo a las llamadas "empresas de papel".

Su visión es respaldada por el oficialismo (10 votos) y el Frente Amplio (6); sin embargo, hay también algunos diputados de Liberación Nacional que han expresado dudas al respecto.

En la otra acera, el PUSC, PLP, NR y una mayoría del PLN insisten en que el impuesto de renta en Costa Rica es territorial y que, por lo tanto, no admite esos cobros sobre rendimientos en el extranjero, porque se estaría volviendo una renta global.

Entre esas cuatro fracciones hay 41 votos de los 38 necesarios para el resello.

En Cuesta de Moras hay urgencia por conocer el veto del Ejecutivo y que la comisión rinda una recomendación para su votación en Plenario, pues la revisión de la Unión Europea ya inició y esta tomará una decisión final en octubre próximo.

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