Cerca del 85% de funcionarios del OIJ se beneficiarían con exclusión de Empleo Público

Aunque se promovió como una exclusión para “puestos críticos”, la reforma que pretende excluir a parte del Organismo de Investigación Judicial de las restricciones salariales del Empleo Público y la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas tocará en realidad a casi toda la planilla de esa institución.

Así lo reconoció a este medio el director del OIJ, Rándall Zúñiga, quien aceptó que alrededor de 3 mil funcionarios se verían beneficiados con el proyecto.

“El OIJ es una policía técnica y científica, entonces consideramos que es un porcentaje que ronda entre el 80% y 85%. Hay que aclarar que a veces hay una rotación importante de puestos al interno, pero anda en ese rango. En números son aproximadamente 3 mil personas”, dijo.

El director, quien ha insistido en que esa cuestionada reforma no aumentaría el gasto del Estado, precisó que esa afirmación se refiere a la coyuntura inmediata, pues hoy alrededor de un 98% de la planilla de la institución está bajo un régimen de remuneración por componentes y no de salario global, como demanda Empleo Público.

“Hoy ya la mayoría estamos con componentes, no hay una gran diferencia, únicamente es cuando acceda a un puesto de jefatura o algo más que se va a empezar a reconocer ese porcentaje extra, entonces ahorita el 98% queda igual.

“(El gasto) va a aumentar paulatinamente en algún momento, pero no va a aumentar al punto en que nos va a generar una situación deficitaria a un año o dos años plazo, va a ser durante muchos, muchos años, incluso más allá de las pensiones que están deficitarias”, aceptó.

Ambas afirmaciones las realizó en el marco de una acalorada exposición en la que cuestionó los recortes que han impulsado esas dos leyes y reveló que desde 2018 (cuando entró a regir la reforma fiscal), el OIJ ha perdido 300 funcionarios, la mayoría por problemas salariales.

“Alguno podrá decir que tuvo algún problema con una jefatura, pero pueden preguntarles cuál ha sido el mayor motor que ha impulsado a compañeros a salir de la institución.

“¿Entonces qué hacemos? ¿Dejamos que se nos vaya todo el personal y que el país caiga en una situación caótica? Aquí hay que tener claro que, en algún momento, entre 20 o 30 años habrá que asumir algún gasto extra para poder mantener a la institución, pero mientras no podemos dejar que todo el trabajo de la institución se vea malograda, por esto, el país tiene que invertir en algún momento”, finalizó.

Tanto Mideplan como el Ministerio de Hacienda ya expresaron su rechazo a la propuesta que presentó la liberal Kattia Cambronero y que tiene firmas de cinco de las seis fracciones legislativas. 

El proyecto apenas entró a la corriente legislativa y aún tiene por delante todo el proceso de consultas y análisis.