CCSS no da detalles sobre funcionarios que despedirá por presuntas irregularidades
El departamento de prensa duda de si ese acuerdo, tomado por la junta directiva la semana anterior, se clasificó como confidencial.
La oficina de prensa de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se negó a responder a este medio quiénes y cuántos son los funcionarios que, según la presidenta de la institución, Marta Esquivel, serían despedidos por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas.
El departamento alegó que esa decisión fue tomada por la junta directiva y que aún no les ha sido notificada ni a ellos ni a los interesados; pero que, además, desconocen si el acuerdo se clasificó como confidencial, por lo que habría que esperar una respuesta de la secretaría para poder, eventualmente, responder a esas consultas.
Esa respuesta fue enviada a Teletica.com este martes, casi una semana después de que se realizara la consulta.
La semana anterior, Esquivel dijo en conferencia de prensa, junto al presidente Rodrigo Chaves, que la junta directiva que ella encabeza tomó la decisión de aplicar “la mayor sanción disciplinaria” contra “algunos funcionarios”, aunque no precisó quiénes ni cuántos.
“Hoy a las 8:30 a. m., la junta directiva tomó la decisión de aplicar la mayor sanción disciplinaria contra algunos funcionarios de la CCSS por irregularidades gravísimas en la compra de mascarillas, son muchos procedimientos, pero este es uno de ellos”, dijo.
“Creo que son muchos años que a la fecha no se han tomado decisiones fuertes para castigar las irregularidades en todas las instancias, pero las compras son un festín en la CCSS”, añadió.
Ese mismo día, ella y el mandatario hicieron una transmisión en vivo mientras viajaban hasta el Ministerio Público para presentar dos denuncias penales contra un número tampoco divulgado de funcionarios y exfuncionarios de la institución.
Una apunta al aumento salarial aprobado en 2020 por la junta directiva que entonces dirigía Álvaro Ramos, la otra iría por el presunto desacato a diferentes informes que indicaban la urgencia de implementar las normas contables para una mejor claridad financiera en la toma de decisiones.
“Ambas denuncias se fundamentan en el deber de probidad, cumplimiento de deberes y correcta utilización de la hacienda pública”, indicó la institución.
Esquivel dijo, la semana anterior, que las denuncias apuntan a miembros de diferentes juntas directivas desde 2006 a la fecha.
