Bancos serán “constructivos” ante plan que los obligaría a indemnizar a víctimas de estafa
El proyecto de ley busca que las entidades financieras respondan por las pérdidas y daños que sus clientes tengan por el robo de dinero.
La Asociación Bancaria Costarricense aseguró que serán “constructivos” frente al proyecto de ley que pretende obligar a las entidades financieras a indemnizar a sus clientes que sean víctimas de estafas financieras.
La propuesta, presentada esta semana por el jefe de la fracción de Liberación Nacional, Óscar Izquierdo, defiende la reforma de tres leyes para darle una “responsabilidad objetiva solidaria” a las entidades financieras sobre las pérdidas de sus clientes por motivo de una estafa; además, invertiría la carga de la prueba a favor de los usuarios.
Esto significa que las empresas deberán responder sobre los daños económicos y perjuicios ocasionados a sus clientes y, además, no serán estos últimos los que deban demostrar que el dinero estaba en sus cuentas.
“Estamos analizando el texto para ver qué oportunidades de mejora tiene el documento. Debo decir que el fenómeno este de las estafas cibernéticas, que se han venido dando a través de Internet e ingeniería social, es un tema en el que tenemos interés en solucionar.
“Nos parece que es una muy buena oportunidad para que la Asociación Bancaria y los bancos hagan los aportes que hayan podido recabar con la experiencia que tienen y mejorar el proyecto. El país necesita enfrentar este fenómeno criminal y necesita solución para los consumidores, somos conscientes de eso, la ABC tiene una actitud constructiva y en ese sentido nos acercaremos a los diputados para hacerles llegar nuestras observaciones, sugerencias e inquietudes”, explicó Mario Gómez, asesor jurídico de la Asociación Bancaria Costarricense.
¿Cómo funcionaría?
El proyecto de ley, elaborado por el movimiento “Gente Estafada en Bancos de Costa Rica” y tramitado bajo el expediente 23.908, reforma el artículo 35 Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (Ley 7472).
Con el cambio, este incluirá que “la entidad financiera bancaria, ya sea pública o privada, que tenga bajo custodia los ahorros o cuentas del consumidor, tendrá responsabilidad objetiva solidaria por el daño o las pérdidas materiales o económicas que se le generen a la persona usuaria y deberá indemnizar los daños y perjuicios generados cuando esta se vea perjudicada por la sustracción de dinero o del patrimonio de las cuentas, aunque esto provenga de un tercero ilegítimo siempre que este no se encuentre autorizado por el titular de la cuenta, independientemente del mecanismo utilizado para la sustracción”.
En segundo lugar, reforma el artículo 298 de la Ley General de la Administración Pública (Ley 6227) para esa inversión de la carga de la prueba y, en el mismo sentido, el artículo 41.1 del Código Procesal Civil (Ley 9342).
“Este es un proyecto respaldado por diferentes bancadas. Lo que pretendemos es detener esta escalada que ha crecido sustancialmente en los últimos años”, dijo Izquierdo.
El diputado asegura que solo entre 2021 y 2022, las denuncias por estafas bancarias crecieron un 43,6%, pasando de 5.528 casos a 7.938. El perjuicio económico de esta actividad delictiva fue de más de ₡4.300 millones de colones, según la justificación de la iniciativa.
La propuesta insiste en que, en muchos casos, las víctimas de estafas ni siquiera facilitan la información a los delincuentes y aun así son robados; o bien, que muchas veces dan esa información por falta de protocolos de seguridad de las propias entidades financieras.
“El proceso de denuncia en los bancos es tortuoso, lento, humillante e inefectivo. En la mayoría de los casos, el banco se niega a devolver los dineros sustraídos y las personas afectadas deben pagar servicios profesionales para que representen sus intereses. La mayoría de las veces no cuentan con recursos económicos para pagar estos servicios”, añade.
Dentro de la justificación, la propuesta suma los testimonios de varias de las personas estafadas que integran ese movimiento, creado precisamente por Carmen Rojas Guzmán, una extrabajadora del Banco Popular que fue víctima de una estafa por casi ₡10 millones.
Ella alega una persona la llamó y se identificó como funcionario de esa entidad y que la llamaba para actualizar su información, pero cuando ella se negó, le cuestionó cómo siendo ella una exfuncionaria se negaba a colaborar.
“Tenía mucha información bancaria y personal mía, por lo que creí que efectivamente trabajaba allí. En ningún momento me solicitó claves, ni ingresos a enlaces. Se ocupó de mantenerme entretenida por más de media hora, sin que yo recibiera notificaciones bancarias de movimientos”, recordó.
Luego de esto fue notificada de una serie de movimientos desde sus cuentas y, cuando llamó al banco, la recomendación fue poner la denuncia ante el OIJ.
“Siempre tuve la duda de por qué en ese espacio de tiempo, mientras el estafador me entretenía, no tuvieron inconvenientes en mover mi dinero de una cuenta a otra, con montos que violentan los topes máximos de transacciones, establecidos por el banco. Si yo misma hubiera intentado mover esa cantidad de dinero en 24 horas, el Banco no me lo permite, ¿por qué ellos sí pudieron hacerlo?”, cuestionó.
El proyecto iniciará su trámite legislativo, incluida una serie de consultas para determinar su viabilidad y modificarlo si es necesario.
