Aumento del IVA, impuesto a zonas francas y castigos penales a 'biombos', propone Villalta

Un aumento del impuesto al valor agregado (IVA) sobre los bienes y servicios más caros, o nuevas cargas para los productos ultraprocesados y los envases contaminantes son parte de la agresiva propuesta tributaria que plantea José María Villalta en su plan de gobierno.

El candidato presidencial del Frente Amplio propone una amplia redistribución de la carga impositiva del país, de manera que las grandes empresas y las personas con mayor riqueza paguen más impuestos y compensen así mayores exoneraciones para el resto de la población.

En su apartado de política económica, que encabeza su propuesta de gobierno, Villalta también defiende un impuesto del 15% sobre los dividendos de las empresas en zonas francas, gravar las grandes herencias (hoy exoneradas de la renta) o las utilidades de las entidades financieras con altos rendimientos.

“Nuestra propuesta lo que plantea es una redistribución de cargas tributarias, no pensamos que se le puedan subir los impuestos al pueblo en general, de hecho creemos que las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores ya tienen cargas muy altas.

“En la mayoría de los casos se trata de cerrar portillos que favorecen la evasión o elusión de las rentas más altas, de manera que se le puedan bajar las cargas de esas pequeñas y medianas empresas y trabajadores, así como revisar esas exoneraciones”, afirmó.

En detalle, el también diputado explicó que para llevar a cabo la exoneración total que defiende del IVA en la canasta básica y otros bienes y servicios esenciales, es necesario gravar con más impuestos bienes y servicios de lujo, es decir, aquellos que están restringidos a los deciles de mayores ingresos; por ejemplo, dijo, los licores finos.

“No es una propuesta nueva ni algo que se hace al vuelo, es algo que ya se aplica en otros países”, aseveró.

Sobre el tema de las herencias señaló que es una exoneración a la renta y no un impuesto nuevo y que es un privilegio que ya ha sido ampliamente cuestionado incluso en el marco de la adhesión a la OCDE, que señaló que no se justifica ese privilegio tributario y que hay que cerrar esos portillos.

“Ese es un proyecto de ley que nuestra fracción ya ha presentado y está en discusión, estamos hablando de herencias de 300 salarios base o más, son montos realmente altos, y no hay justificación para esa exoneración total y eso lo han dicho diversos estudios”, señaló.

Con las zonas francas, precisó, la idea no es suya, sino que se enmarca en la exigencia que tiene Costa Rica de replantearse los incentivos tributarios que le da a las empresas en estos regímenes.

Sí o sí vamos a tener que hacerlo porque hay un acuerdo mundial en el marco del G20 y de la OCDE que involucra a más de 120 países que están de acuerdo con establecer un gravamen mínimo para las multinacionales de 15%, ese gravamen nos va a obligar a revisar nuestro sistema de incentivos, en ese sentido lo que planteamos es que esa tasa se concentre en la distribución de dividendos, entonces que sigan exoneradas por las utilidades en el país y que reinvierten aquí, pero que paguen ese 15% sobre los dividendos, que es lo que sale del país”, explicó.

¿No teme que ese impuesto o el de los envases contaminantes desincentiven la inversión extranjera en el país o, peor aún, ahuyente a la existente?

Hay varios estudios que muestran que ese riesgo no es real, que muestran que los principales factores que atraen la inversión hacia Costa Rica tienen que ver con la estabilidad social del país, el nivel del sistema educativo, la disponibilidad de recursos naturales, la ubicación geográfica, infraestructura… Pero para mantener todo eso necesitamos un sistema tributario sano, pero de todas maneras esas discusiones vamos a tener que tomarlas porque existen dentro del marco de la OCDE.

Regla fiscal, biombos y dedicación exclusiva

En sus propuestas también destaca la eliminación de la regla fiscal sobre el gasto de capital, es decir, la inversión.

Actualmente, el aparato estatal está sujeto a ese límite en el gasto en términos generales, la idea de Villalta es que esa restricción sea solo por el gasto corriente, de manera que ninguna inversión se frene por esa razón incluso teniendo los recursos para hacerlo.

“Se estima que para este 2022 podría verse afectada la inversión en obra pública por un monto mayor a ₡80 mil millones por esta regla, cuando estamos hablando de que el gasto de capital genera empleo, dinamiza la economía, y que además son recursos que muchas veces tienen un fin único y entonces no se pueden utilizar para otra cosa y se quedan ahí ociosos, incluso generando comisiones absurdas”, afirmó.

Pero hay inversión que no genera esos encadenamientos. ¿La eliminación de la regla sería general sin importar el destino del gasto?

Que exista la regla fiscal no evita que un gobierno haga una inversión equivocada, porque la regla lo que hace es poner un tope, entonces una mala inversión siempre es posible, con o sin regla, ese tema se resuelve de otra manera, no con la aplicación de ese límite general.

En la propuesta de Villalta también hay dos temas puntuales que sobresalen en el apartado de Salud: tipificar penalmente los llamados “biombos” y pagar dedicación exclusiva a los médicos de la CCSS en especialidades de alta demanda.

Los “biombos”, como se le conoce al acto de un médico por cobrar por acelerar o favorecer un procedimiento o la atención de un paciente dentro de la CCSS a cambio de un beneficio generalmente económico, ya son castigados de manera administrativa dentro de la institución.

La propuesta de Villalta es que esto se tipifique como un delito del tipo penal y que acarree, en ese sentido, penas de cárcel.

“En el caso de los biombos estamos ante una conducta delictiva, estoy convencido de eso, porque aunque actualmente no está tipificado puede perfectamente verse como un acto de corrupción pero, ¿qué diferencia hay entre un funcionario que recibe un pago por un acto impropio y un médico que hace un biombo para beneficio propio? En este caso además me parece que es más grave porque el daño no solo se le produce a la institución, sino directamente al paciente”, dijo.

En el tema de la dedicación exclusiva, Villalta aseguró que la propuesta es que las especialidades o servicios de alta demanda gocen de esta previo análisis del costo/beneficio y las áreas a aplicarlo.

“Lo que planteamos es que hay especialidades de alta demanda donde se puede justificar la dedicación exclusiva porque le podría salir más barato a la CCSS tener un funcionario dedicado a tiempo completo que tener que pagar las disponibilidades, que es algo que ya le sale caro, o conseguir más especialistas porque el médico solo cumple su jornada normal y dedica demasiado tiempo a su actividad privada.

“Pero ahí hay un análisis costo beneficio que tiene que hacer la CCSS con el Poder Ejecutivo para determinar en cuáles servicios o especialidades sale más beneficioso el pago de esa dedicación exclusiva”, dijo.

Por ese mismo análisis Villalta aseguró es imposible conocer cuánto le costaría al Estado su propuesta.

Puede repasar aquí el plan de gobierno completo del Frente Amplio.