Aprobado en primer debate proyecto que sancionaría con cárcel el robo de combustible
La iniciativa establece sanciones de entre seis meses y 15 años a quienes dañen un poliducto, roben combustibles, lo transporten o lo importen al país de manera ilegal.
Con el apoyo unánime de 45 diputados la Asamblea Legislativa dio trámite de primer debate al proyecto de ley que busca sancionar con cárcel el robo de combustibles y los daños al sistema nacional de combustibles de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
La iniciativa establece penas de entre seis meses y 15 años a quienes dañen un poliducto, roben combustibles, lo transporten o lo importen al país de manera ilegal.
Además, define como agravantes el daño ambiental producido a partir de algunas de estas conductas, que un funcionario público sea parte de estos delitos o bien que estos actos permitan el abastecimiento de organizaciones criminales como el narcotráfico.
“Este es un esfuerzo de todas las fracciones, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. El proyecto no solo busca sancionar cualquier irregularidad en el manejo de combustibles a nivel nacional sino también el ingreso ilegal de combustible al país producto del narcotráfico.
“Se mejoran los tipos penales, se generan sanciones más claras y aterrizadas y también se da un agravamiento a la sanción cuando este derrame produzca un daño ambiental y también cuando se utilice la importación ilegal para abastecer estructuras criminales”, dijo el liberacionista Gustavo Viales.
Penas
Dentro de las nuevas sanciones se castigará el daño al Sistema Nacional de Combustibles con entre seis meses y cuatro años de prisión, pero si ese daño ocasiona un derrame de combustible la pena será de entre cuatro y seis años de cárcel.
La pena por robar combustible será de cinco a 15 años si se aplica el uso de fuerza o violencia contra personas.
El transporte y distribución ilegal de combustibles y sus derivados o mezclas se castigará con entre uno y cuatro años, mientras que su introducción ilegal al país será sancionado con entre tres y cinco años.
También se castigará la alteración o manipulación de sistemas o instrumentos de control de combustibles con entre tres y ocho, mientras que las personas que reciban, almacenen u oculten combustibles o derivados ilegales enfrentarían penas de prisión de entre uno y cinco años.
Todas esas penas se agravarán hasta en un tercio si se produce un peligro para la salud o la vida, un daño ambiental, si en la comisión del delito interviene un funcionario o servidor público o si sus integrantes son parte de una organización criminal.
El proyecto será votado en segundo debate el próximo martes 26 de mayo.