Amplían plazo para denuncia y prescripción de hostigamiento sexual

Con el voto afirmativo de 38 diputados este martes quedó aprobado en primer debate el expediente 21.749, que amplía de 2 a 8 años el plazo para la denuncia y prescripción de casos de hostigamiento sexual en espacios educativos o laborales.

El proyecto reforma el artículo 38 de la Ley contra el Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia que actualmente establece en dos años el plazo para interponer una denuncia.

Ese límite supone por ejemplo un problema para las víctimas en el sistema educativo, que por miedo a reencontrarse con el profesor o profesora y evitar represalias no denuncia.

Así, un plazo mayor permitiría combatir esta situación, lo mismo en el empleo.

“Los plazos que establece actualmente la ley son cortos y representan un obstáculo para que las víctimas inicien el proceso respectivo. No hay que olvidar que las relaciones de poder repercuten en el tiempo que le puede tomar a una persona establecer la denuncia, por lo que es justo ampliar el plazo como forma de fortalecer la cultura de la denuncia”, explicó el oficialista Enrique Sánchez, proponente de la iniciativa.

“Este proyecto es una iniciativa de varias colectivas universitarias, la cual acogimos y presentamos conscientes de la necesidad de ampliar el plazo que tienen las personas víctimas para presentar las denuncias. Esta ampliamente demostrado que los lazos actuales son muy cortos, lo cual imposibilitaba denunciar como corresponde”, añadió.

Reforma tribunal ambiental

Este martes también se aprobó con 39 votos el expediente 22.190, que reforma la Ley Orgánica del Ambiente.

Específicamente se busca cambiar tres artículos para mejorar el funcionamiento del Tribunal Ambiental Administrativo, órgano del Poder Ejecutivo encargado de fiscalizar la legislación ambiental en la administración pública.

Específicamente, la iniciativa busca dar recursos al órgano para agilizar el trámite de los procesos, por ejemplo que las decisiones puedan ser tomadas por solo uno de los tres jueces y no los tres como colegiado, de manera que se puedan abarcar más casos de manera más ágil.

Estos jueces, además, deberán ser ahora abogados, aunque idóneamente con formación adicional en la materia ambiental.

Finalmente se precisa mejor la competencia del tribunal, para que a este lleguen únicamente los casos que provocan un daño y no solo una violación.