Tras intento fallido en 2012, Costa Rica lanza nueva Política de Salud Mental

Costa Rica presentó, la mañana de este jueves, su nueva Política Nacional de Salud Mental.

El lanzamiento estuvo a cargo del Ministerio de Salud y se llevó a cabo en un acto público celebrado en el Centro de Operaciones F-5 del Cuerpo de Bomberos, en Santo Domingo de Heredia.

Se trata del segundo esfuerzo del país por contar con un instrumento de este tipo; pues una primera política fue lanzada en 2012, pero fracasó por la ausencia de responsables, como expuso la psicóloga clínica de la Secretaría Técnica de Salud Mental, Sinaí Valverde.

Precisamente, esa versión anterior sirvió de enseñanza para la elaboración e implementación de la política correspondiente a la década de 2024-2034.

La política se compone de tres ejes; a saber:

• Entornos protectores y promotores de la salud mental (recreación).​

• Prevención y atención en servicios de salud.

• Abordaje del comportamiento suicida.

Esta nueva versión contará con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). También con la participación de 14 organizaciones no gubernamentales.

Al respecto, el representante de la primera de las entidades, Jorge Victoria, aseveró —con base en un análisis de datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)— que Costa Rica registró un aumento del 62% en los suicidios entre 2014 y 2022. La mayoría de estos, tanto los materializados como los intentos, se dieron en Puntarenas y Limón, complementó Valverde.

Estado de alerta

Por su parte, la vicepresidenta y titular del ramo, Mary Munive, aseguró que a su llegada a la institución, hace casi dos años, pidió un diagnóstico sobre el estado en el que se mantiene el país en salud mental.

Sin ahondar en datos, la jerarca sostuvo que hasta el 70% de la población tiene depresión o ansiedad tras la pandemia COVID-19.

“No me gustaron (los resultados) porque el problema era muy grande”, afirmó la ministra.

A Munive incluso se le rompió la voz durante su intervención, al recordar casos que estudio de cantones; entre otros.

Dentro de los hallazgos que mencionó la jerarca destacan el estrés, así como trastornos de la conducta alimentaria y del sueño no orgánico.

Asimismo, precisó problemas de inseguridad alimentaria, malnutrición, embarazo adolescente, consumo de sustancias psicoactivos, abandono, soledad, violencia y suicidio; como factores que inciden en la salud mental de la población.

Nuevos datos

A lo largo de su presentación, Mary Munive hizo énfasis en la ausencia de información actualizada para la toma de decisiones.

En esa línea, la ministra anunció que se llevarán a cabo una serie de encuestas para recolectar datos nuevos para la toma de decisiones y sostuvo que incluso se tienen asegurados los recursos para ello.

Dentro de esos instrumentos mencionó un análisis de la disponibilidad de alimentos en los hogares, un censo escolar peso/talla, una encuesta del estado nutricional en menores de 0 y 5 años de edad, una actualización de los indicadores de lactancia materna y consumo en infantes, así como una encuesta de vigilancia nutricional y actividad física en adolescentes.

Asimismo, la titular apuntó a mejorar los servicios de la Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición (CEN-CINAI); así como en la atención de escolares y madres adolescentes.

De igual forma, Munive reportó que “pronto” será posible una interoperabilidad a través de un nuevo convenio de cooperación entre los ministerios de Salud y Educación Pública (MEP), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), los Centros de Educación y Nutrición, y el Consejo Nacional de Rectores (Conare); para el desarrollo de menores de edad. También se suscribirá uno con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Ministerio de Educación para la atención integral de las adolescentes madres o embarazadas.

Para este 2024, también, se fijó como meta “cero abandonos” de adultos mayores en la Navidad. Con ese objetivo, se habilitaron 116 espacios en organizaciones de bienestar social (OBS), pero al 17 de diciembre anterior se tenían 111 personas en lista de espera.

Respecto al abuso de sustancias, se propone una ampliación de horarios y la implementación de teleconsultas en el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA).

De igual manera, se pretende hacer una inversión ¢1.487 millones para ampliar la red de casas de escucha, con el objetivo de hacerle frente a las proyecciones de un incremento en la mortalidad por suicidio para el periodo antes mencionado.

Todo lo anterior se complementa con la pronta publicación del Reglamento a la Ley Nacional de Salud Mental.