¿Quién era Sergio Rojas, el líder indígena cuya justicia se mira lejana?
Cuatro años atrás, el crimen de este dirigente del territorio bribri de Salitre le dio la vuelta al mundo. Ahora, la investigación de su asesinato parece haber culminado sin que se haya castigado al responsable.
El 18 de marzo de 2019, Costa Rica fue escenario y testigo de un crimen que acaparó titulares en el mundo.
Sergio Rojas Ortiz fue fríamente asesinado de siete tiros, mientras descansaba en su casa, en Yeri de Salitre, en Buenos Aires.
Este hombre, de 59 años de edad, era uno de los rostros más visibles de la población indígena bribri. Incluso, el diario El País de España lo refirió como el dirigente de los pueblos ancestrales "más destacado de la historia reciente" de Costa Rica.
Apenas unas horas después del atentado, el entonces presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, calificó su muerte de "trágica para la comunidad bribri y los pueblos indígenas".
El homicidio ameritó pronunciamientos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como del relator especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Francisco Calí Tzai, que insistentemente ha llamado a identificar a los responsables y sancionarlos de una manera ejemplar.
Ahora, esa instancia aboga porque —de alguna manera— la Corte Suprema de Justicia reabra la investigación del hecho, luego de que el Juzgado Penal de Buenos Aires dictara un sobreseimiento definitivo en favor de tres sospechosos de encargar el crimen.
La víctima era reconocida por la lucha que emprendió por la recuperación de los territorios indígenas. Tal situación le valió enemigos, ataques y amenazas de muerte.
De hecho, la hipótesis que el Ministerio Público manejó en los cuatro años de investigación del suceso atribuye a esas disputas la motivación detrás del crimen.
Esa línea de la pesquisa, no obstante, jamás fue confirmada.
La violencia en Salitre de Buenos Aires se desató en 2011, cuando distintos pueblos autóctonos iniciaron un proceso de recuperación de tierras. A raíz del mismo, el dirigente fue blanco de varios intentos de homicidio.
Por tal razón, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares de protección hace casi una década. El órgano regional ordenó al Estado garantizar la protección, vida e integridad de los miembros de los pueblos teribe y bribri de Salitre de Buenos Aires.
No obstante, aquel mandato fue incumplido, como también se ha incumplido con lo estipulado en la Ley Indígena de 1977 (la cual otorga exclusivamente a los pueblos autóctonos la propiedad de la tierra dentro del territorio indígena).
Rojas Ortiz fue el encargado de denunciar —desde la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo Integral de Salite— un aparato de discriminación racial y sistemática contra las poblaciones autóctonas de Buenos Aires y Pérez Zeledón.
También fue miembro de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi) y del Consejo Autoridades Propias Defensores de la Madre Tierra del Pueblo de Salitre, desde donde alertó de recurrentes acciones violentas por de invasores de las tierras ancestrales, al tiempo que se quejó del incumplimiento de la medida cautelar dictada por la Comisión de Derechos Humanos.
