Proyecto busca premiar a empresas que cumplan con políticas de equidad de género
Se trata del “Sello violeta”, por medio del cual las compañías podrían obtener reducciones en el impuesto sobre la renta y acceso preferencial en contrataciones públicas.
Una nueva propuesta legislativa pretende incentivar a las empresas costarricenses para que implementen políticas laborales inclusivas con perspectiva de género.
Se trata del “Sello violeta”, un reconocimiento propuesto por la diputada del Partido Unidad Socialcristiana (PUSC), María Marta Carballo Arce, con el objetivo de reducir brechas de desigualdad en el mercado laboral.
De acuerdo con el proyecto de ley, el “Sello violeta” sería otorgado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) a aquellas empresas que cumplan con criterios específicos de equidad salarial, conciliación trabajo-familia, participación femenina en cargos de liderazgo, y prevención de discriminación y acoso.
La propuesta establece que las empresas certificadas accedan a una serie de incentivos; por ejemplo, beneficios fiscales, como una reducción en el impuesto sobre la renta por un período de tres años.
Tendrán también un acceso preferencial a contratos públicos, lo que implicará otorgamiento de puntos adicionales en los procesos de licitación pública.
Otro beneficio que se indica en el documento es que podrán tener una participación destacada en campañas de comunicación gubernamental, ferias y plataformas digitales oficiales.
Las compañías, además, tendrán el uso distintivo oficial de “Empresa igualitaria”, que podrá ser incorporado en materiales promocionales, productos y servicios.
Estos incentivos tendrán inicialmente una vigencia de tres años y serán renovables en función de los resultados obtenidos en las auditorías periódicas de mantenimiento del “Sello violeta”.
Requisitos para obtener la certificación, según el proyecto:
Para acceder al sello, el proyecto especifica que las empresas deberán demostrar la implementación efectiva de diversas políticas de inclusión laboral, entre ellas:
Equidad salarial: auditorías periódicas para garantizar la igualdad de remuneración por trabajos equivalentes.
Participación femenina en liderazgo: un mínimo del 33% de mujeres en puestos de toma de decisiones, con metas de aumento progresivo.
Conciliación trabajo-familia: licencias parentales equitativas, horarios flexibles y teletrabajo para trabajadores con responsabilidades de cuidado.
Prevención del acoso y la discriminación: protocolos internos para la denuncia y sanción de conductas indebidas.
Capacitación en igualdad de género: formación obligatoria para empleados en temas de liderazgo inclusivo y eliminación de sesgos de género.
Cabe destacar que las pequeñas y medianas empresas (pymes) estarían exentas de cumplir con algunos de estos requisitos, particularmente aquellos relacionados con la representación femenina en cargos de liderazgo y conciliación, trabajo-familia, según aclara la iniciativa.
El proyecto aún se encuentra en discusión y deberá ser analizado en comisión antes de avanzar en el proceso legislativo.