Procuraduría reclama ¢15 millones a Luis Guillermo Solís por caso Bancrédito
Según la defensa del exmandatario, la solicitud no tiene fundamento legal.
La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) reclama ¢15 millones al expresidente Luis Guillermo Solís Rivera (2014-2018), por los daños sociales derivados del cierre del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito).
El despacho anticorrupción de la Abogacía del Estado confirmó ante consulta de Teletica.com que en el expediente 20-000115-1218-PE planteó una acción civil resarcitoria con la que pretende una indemnización total de ¢57 millones.
La diferencia corresponde a los reclamos que se hicieron al resto de los imputados: el exvicepresidente y exministro de Hacienda, Helio Fallas Venegas; el exministro de la Presidencia, Sergio Alfaro Salas; la exviceministra de Egresos y extesorera nacional, Martha Cubillo Jiménez; así como el subtesorero, Mauricio Arroyo Rivera.
"Esta cantidad busca reparar el impacto causado por las decisiones cuestionadas, resaltando la importancia de proteger los bienes y recursos públicos", apuntó en su respuesta la Procuraduría.
Sin embargo, desde la perspectiva de la defensa, la solicitud de la Abogacía del Estado no tiene lugar.
El abogado de Solís Rivera, Róger Guevara Vega, incluso resaltó que la Procuraduría incluso desistió de reclamar un daño material, en el tanto que este nunca ocurrió.
"Se trata de un reclamo que no tiene fundamentos legales y, mucho menos, fácticos, o una metodología que le permita a uno entender por qué se está dando el reclamo", mencionó el jurista.
"Deja un daño sin explicar en qué consiste y se basa en que existen noticias que han cubierto que hay un procedimiento en contra de cinco personas, una de ellas, don Luis Guillermo, y que esas noticias revelan el interés que tiene la ciudadanía. Como si dar información de procesos judiciales sea un tema que causa un daño social. Vea lo poco técnico y poco riguroso", agregó.
La acción civil fue planteada durante la audiencia preliminar celebrada entre el 11 y 22 de noviembre pasados, que derivó en un auto de apertura a juicio contra el exmandatario y los altos cargos de su administración.
Así, Solís Rivera se convertirá en el cuarto gobernante en la historia en enfrentar un debate oral y público, por detrás de Luis Alberto Monge Álvarez (1982-1986), Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-1994) y Miguel Ángel Rodríguez Echeverría (1998-2002).
El Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública ahora debe reservar un espacio en su agenda para la celebración del contradictorio; que se proyecta como uno de los más mediáticos del próximo año.
Caso Bancrédito
El 30 de junio de 2023, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) acusó a Luis Guillermo Solís Rivera y cuatro de sus altos cargos de aparente influencia contra la Hacienda Pública.
La pieza además incluye seis cargos por supuesta falsedad ideológica en contra de Mauricio Arroyo Rivera.
El Ministerio Público sostiene que los imputados presuntamente convinieron trasladar dinero de la Tesorería Nacional al banco, sin sustento y con una posibilidad de retorno sumamente baja, con la intención de que la entidad financiera aparentara tener un índice de liquidez suficiente.
La maniobra —según la tesis— buscaba impedir que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) interviniera a la institución por sus serios problemas de liquidez y, así, evitar un daño a la imagen de la administración.
Esta situación provocó una afectación al erario y el interés público, según concluyó la investigación de la Fiscalía.
La Contraloría General de la República (CGR) también formuló una querella (acusación privada) en el caso en cuestión.
Solís Rivera, Helio Fallas Venegas y Sergio Alfaro Salas publicaron un comunicado el 4 de diciembre anterior, luego de que se confirmara la apertura de un juicio en su contra, en el que aseguraron que demostrarán su inocencia.
"Respetamos, pero no compartimos, la decisión del Juzgado Penal. Consideramos que no se valoraron todos y cada uno de los argumentos y las pruebas que nuestros equipos de defensa presentaron, y ahora será ante el Tribunal Penal que demostraremos que ninguno de nosotros cometió hechos contrarios a la ley, como lo hemos sostenido desde el comienzo", reza la nota de prensa.
El abogado del expresidente, Roger Guevara Vega, enfatizó en que, si bien la decisión se respeta desde la barra de representantes, esta no se comparte.
De acuerdo con el jurista, el juez Paul Fuentes Sing se limitó a resolver en tres párrafos que los argumentos de la defensa debían discutirse en un debate y no en la audiencia preliminar.
Guevara Vega sostuvo que en esa vista se presentaron suficientes evidencias para demostrar que los acusados no cometieron crimen alguno, y que, por el contrario, llevaron a cabo una clausura "ordenada y prudente" de la entidad financiera.
