Molesta competir “en clara desventaja” con escuelas privadas morosas, dice asociación
Los centros educativos privados abogan porque se tomen las medidas previstas en la ley y rechazan que se trate de una “práctica difundida” en el sector.
La Asociación de Centros Educativos Privados de Costa Rica (ACEP) expresó su molestia por la “clara desventaja” que tiene competir con escuelas y colegios morosos con la seguridad social, como los 193 que denunció la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema).
Esa es la posición mostrada por la organización, la mañana de este viernes, tras una consulta de Teletica.com, luego de que el 20 de agosto pasado trascendiera que casi dos centenas de centros educativos arrastran deudas que impactan el derecho de pensión de trabajadores de esas casas de enseñanza.
“Consideramos que los centros educativos privados, así como cualquier otra empresa o asociación del país debe cumplir responsablemente —a tiempo y a cabalidad—con sus obligaciones patronales, por el bien de sus colaboradores y de la continuidad del servicio que prestan”, señala la posición de la Asociación de Centros Educativos Privados.
La organización sostuvo que la mayoría de casas de enseñanza privadas están al día con sus obligaciones, al tiempo que rechazó que esa morosidad responda a una “práctica difundida” en el sector.
“Urgimos a las autoridades competentes a tomar las medidas que les concede la legislación nacional en estos casos, con intención de asegurar que los trabajadores de estas organizaciones puedan acceder a la atención médica y a la pensión que merecen, y que en este momento se encuentran en riesgo”, amplía la nota.
El mensaje recuerda que los centros educativos privados tienen un aporte patronal adicional al salario 32,75% y que además hacen una retención del 15% del ingreso bruto de los empleados. Esto representa “una erogación importante” en los gastos operativos mensuales de las escuelas y colegios privados.
“Aplaudimos su compromiso de garantizar los derechos de sus funcionarios y los servicios educativos que proveen a sus estudiantes.
“Coincidimos en la molestia que genera el tener que competir en clara desventaja con las escuelas morosas, que al hacer caso omiso a sus obligaciones laborales, pueden ofrecer tarifas de colegiatura sumamente atractivas a los padres de familia, que ignoran las condiciones en que trabajan los maestros de sus hijos y desconocen también las consecuencias que podrían enfrentar los propios estudiantes, si los entes gubernamentales ejercen la fiscalización adecuada y aplican las medidas sancionatorias que corresponden”, subraya el pronunciamiento.
La denuncia de la Junta Administradora de Pensiones del Magisterio Nacional apunta que la deuda asciende los ¢4.700 millones, de los cuales, hay 10 centros de enseñanza privada que deben más del 50%.
Esas casas de enseñanza se ubican en San José, Moravia, Belén, Curridabat, Heredia, Santa Ana y Alajuelita.
