Manos Abiertas: Compra de terreno dio origen a investigación contra colaboradores

El Ministerio Público sostiene que los cinco colaboradores del hogar Manos Abiertas supuestamente conformaron un plan para desviar fondos públicos (vea video adjunto de Telenoticias).

La adquisición de una propiedad originó la investigación por lavado de dinero, según se especifica la solicitud de congelamiento de fondos a la que este medio tuvo acceso.

"Del análisis del marco fáctico expuesto, se desprende que en principio uno de los hechos investigados constituye el delito de legitimación de capitales, propiamente el de la compra de la finca número 2-582100, ubicada en Alajuela, Desamparados, con fondos públicos", menciona el pedido.

De acuerdo con la Fiscalía, el dinero del Estado era usado para satisfacer necesidades personales.

"Se solicita la inmovilización de las cuentas bancarias; a nombre de la Fundación Hogar Manos Abiertas, Rodríguez Ugalde, Granados Delgado, Hidalgo Murillo, Villalobos Varela, Quirós Castro, pues como se ha venido señalando a lo largo del presente informe, estos pudieron haber sido obtenidos con fondos públicos, variando el fin del dinero que se les entregó para satisfacer necesidades personales y así como la adquisición de terrenos y vehículos con fondos del estado", continúa el documento.

Para el defensor de la madre superiora del convento Rodríguez Ugalde, Jorge Valverde Retana, existen varias líneas de investigación que se desvirtuarán durante el proceso. Por ejemplo, mencionó el supuesto manejo indebido de fondos, tanto públicos como privados.

En ese sentido, destacó la importancia de que la organización no gubernamental mantuviera su información documentada, al punto que existen expedientes de cada niño atendido, con su respectiva conexión con el Expediente Digital Único en Salud (EDUS) y el Hospital Nacional de Niños (HNN).

La solicitud agrega que los sospechosos usaban la fundación para presuntamente ocultar dinero en efectivo y comprar propiedades a nombre de un ingeniero de apellidos Granados Delgado.

“Debe tenerse en cuenta que el lavado de activos tiene el mérito de ser, quizá, la actividad criminal más compleja, especializada, de difícil detección y comprobación; esta garantiza el lucro de las organizaciones criminales, la cual consta de varias etapas del ocultamiento de fondos que se ha observado durante la investigación, dentro de las que se ha identificado la colocación, estructuración e integración, precisamente ocultando dinero en efectivo en la fundación, comprando propiedades a nombre de Granados Delgado", subraya el documento.

Por su parte, el representante del ingeniero, José Joaquín Ureña Salazar, recalcó que en el expediente se hace alusión a una única propiedad y aunó que en esta se pretendía la construcción de un convento.

Sobre la misma, el jurista aseguró que ya conversó con su cliente, pero explicó que se reservaría lo que este le comentó hasta etapas posteriores del proceso.

​Entretanto, afirmó que su defendido es un profesional liberal con clientes suficientes para tener el estilo de vida que tenía y que el órgano acusador cuestiona.

Según el requerimiento del Ministerio Público, el dinero decomisado no guarda relación con estilo de vida de los investigados.

"Los dineros que se pretenden inmovilizar no guardan relación con el perfil patrimonial de las personas investigadas, por lo que tampoco se ha detectado de acuerdo a la actividad económica que reportan todo lo anterior, ha permitido a la representación fiscal requirente determinar que efectivamente los imputados a sabiendas de que los recursos financieros procedían de los recursos reembolsados por instituciones como Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, Patronato Nacional de la Infancia, Junta de Protección Social, Instituto Mixto de Ayuda Social y la Caja Costarricense del Seguro Social, para convertirlos en bienes de interés económico, utilizándolos para compras y usos personales, dándoles apariencia de legalidad a los recursos ilegalmente obtenidos para su compra, así como ocultar su verdadero origen y naturaleza", puntualiza el pedido.

El Juzgado Penal del II Circuido Judicial de San José ordenó el traslado de los fondos congelados al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).