Funcionarios judiciales acuden a Sala IV por atrasos en salarios de internos
El Alto Tribunal estudia dos gestiones planteadas contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior y la Dirección de Gestión Humana.
La Sala Constitucional estudia dos recursos planteados contra la Corte Suprema de Justicia, por atrasos salariales en una parte de sus funcionarios interinos y en ascenso.
Ambos amparos se interpusieron el martes anterior, confirmó la oficina de prensa del Alto Tribunal ante consulta de Teletica.com.
Las gestiones están dirigidas contra el presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre, así como el Consejo Superior y la Dirección de Gestión Humana.
A los casos se les asignaron los expedientes 24-035946-0007-CO y 24-035940-0007-CO.
Los recursos alegan una violación al derecho al salario, contemplado en los artículos 56 y 57 de la Constitución Política. En los dos amparos se pide la declaratoria con lugar y que se conmine a la Corte a realizar las transferencias a tiempo.
Los problemas con las remuneraciones de este sector — que incluye una limitación en el pago de componentes salariales— responden a un faltante presupuestario, dado a conocer por este medio el 24 de diciembre anterior.
Ese día, la Dirección de Gestión Humana comunicó la situación mediante su circular PJ-DGH-CIR-038-2024.
Dicho documento detalla que, “producto del incremento de movimientos de personal en las oficinas judiciales durante el cierre de año y de la dinámica legal dictada por la Ley Marco de Empleo Público, que permite la migración al esquema de pago de salario global, se presentó un agotamiento de los recursos financieros en algunas subpartidas presupuestarias en todos los programas”.
Tras la revelación hecha, la Corte defendió que la afectación se concentra en “menos del 6%” de la planilla total de la institución; precisándose que al 2% no se le girarán las remuneraciones en su totalidad, mientras que al restante 4% se le retendrán diferencias salariales por ascensos. El otro 94% no se verá impactado.
Gestión Humana se comprometió a solventar la situación en la primera quincena de enero de 2025.
El Poder Judicial justificó en que esta situación responde a diversas circunstancias, como, por ejemplo, el limitado presupuesto con el que opera, las exigencias que hace la Ley Marco de Empleo Público en relación con los ascensos, el incremento en el costo de las sustituciones, así como las demoras en comunicaciones internas en el proceso de definición de presupuestos.
La dirección recurrida defendió haber implementado distintas medidas de contención del gasto a lo largo del año, con el fin de minimizar los riesgos, pero no fue posible mitigar el impacto en su totalidad.
