Fiscalía allana Conassif en investigación por tráfico de influencias e incumplimiento de deberes
El caso tiene que ver con lo acordado días atrás en una sesión del Consejo, en la que se acordó pedirle al Banco Central retirar una denuncia contra la jerarca de la Sugef.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) allanó este viernes la Secretaría de Actas del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), ubicada en el Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Según informó en un comunicado el Ministerio Público, la operación busca localizar evidencia dentro de la causa 23-000107-1218-PE, en la que se investigan los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, tráfico de influencias e influencia en contra de la Hacienda Pública.
La entidad señaló que la investigación se relaciona con un acuerdo tomado por los miembros del Conassif, realizada el 15 de agosto, donde se determinó emitir una moción de censura contra el BCCR y solicitarle al presidente ejecutivo de la entidad retirar una denuncia presentada contra la jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), Rocío Aguilar.
El Ministerio Público indicó que en el expediente Aguilar figura como imputada, debido a que, supuestamente, se negó a entregar información que el BCCR solicitó en relación con datos crediticios estadísticos.
“Según se cree, Aguilar argumentó que se trataba de información sensible, esto pese a que la SUGEF no tiene autorización para recopilar datos sensibles, lo cual incluso se ha establecido por parte de la Sala Constitucional”, dijo el comunicado de la Fiscalía.
La investigación también busca establecer si miembros del Consejo Directivo de la Conassif habrían incurrido en los presuntos actos delictivos.
El BCCR se abstuvo de dar declaraciones, limitándose a señalar que lo sucedido esta mañana tenía el objetivo de “incautar documentos potencialmente relacionados con la comisión de aparentes faltas al ordenamiento jurídico”.
Este caso empezó cuando la gerencia del Banco Central solicitó a Sugef información sensible acerca de deudores en el sistema financiero, y Aguilar se negó a entregarla argumentando que esos datos precisamente tiene una protección especial en la legislación.
Esto motivó que el Banco Central denunciara a Aguilar por la negativa de brindarlos.
