Fiscal general sobre sospechosos de corrupción en sector público: “Han fallado a su deber”

Este año, el país ha visto cómo varios funcionarios públicos (policías, jueces, técnicos judiciales, entre otros) han sido detenidos bajo imputaciones de corrupción, lo que ha generado una ola de indignación y preocupación en todo el país.

La Fiscalía General ha liderado diversas investigaciones que han resultado en la captura de múltiples figuras, señaladas por su presunta participación en actividades ilícitas.

En las últimas dos semanas de junio, se detuvo a un total de 20 funcionarios públicos: tres de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) por el caso “Comején”; 11 del Poder Judicial, cinco oficiales de la Policía de Tránsito y uno del Consejo de Transporte Público (CTP), estos últimos por el caso “Madre Patria” y por, aparentemente, brindarle colaboración a un exjuez que le brindaba servicios a bandas criminales y que fue asesinado el pasado mes de febrero.

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, ha ofrecido declaraciones contundentes sobre la lucha contra la corrupción en el país. En una conferencia de prensa realizada hace algunos días, subrayó la gravedad de las acusaciones y reiteró el compromiso del Ministerio Público para erradicar este flagelo de la administración pública.

"Nos encontramos ante una situación alarmante, donde altos funcionarios, quienes deberían ser los guardianes de la ética y la transparencia, han fallado a su deber y traicionado la confianza depositada en ellos por la ciudadanía. La corrupción no es solo un crimen contra el Estado, sino un ataque directo a los derechos y el bienestar de cada costarricense.

“Siempre es preocupante la corrupción, no vamos a tolerarla. Este es un llamado a todos los servidores públicos a actuar con rectitud y transparencia. Sabemos que la gran mayoría de los funcionarios trabajan de manera honesta y dedicada, y es nuestro deber proteger la integridad de sus esfuerzos”, comentó Díaz.

La Fiscalía ha indicado que se buscará la imposición de penas ejemplares para aquellos hallados culpables, con el objetivo de sentar un precedente y disuadir futuros actos de corrupción.

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Rándall Zúñiga, señaló que por año detienen, en promedio, a 100 funcionarios públicos por aparentes hechos ilícitos.

“Este año, con respecto al año pasado, ya son más de 100 los detenidos por posibles actos de corrupción. Hay detenciones por acciones funcionales, es decir, a una persona la denuncian por algún hecho de corrupción, también por agresiones u otras cosas. Tenemos más de 100 casos cada año de funcionarios vinculados a posible corrupción”, dijo Zúñiga.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, señaló que en las próximas semanas presentarán ante la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley del Régimen Disciplinario del Poder Judicial, el cual incorporará nuevas herramientas para prevenir y combatir eventuales casos de corrupción interna.

Este nuevo proyecto está elaborado con expertos en la materia y con la Embajada de los Estados Unidos.

“Estamos comprometidos con la administración de justicia y su propósito fundamental es que este sistema sea lo más eficiente posible. La probidad es un valor fundamental, así que somos reactivos ante cualquier acto de corrupción dentro del Poder Judicial y a nivel general.

“Las acciones que se han visto en las últimas semanas con la detención de funcionarios públicos por parte del OIJ, en conjunto con el Ministerio Público, es parte de ese compromiso del Poder Judicial. Contamos con un régimen disciplinario para ventilar todas las conductas de nuestros funcionarios que puedan considerar que riñen con las normativas de la ética y moralidad”, declaró Aguirre.

Entre los puntos que destaca el proyecto de ley está cambiar el sistema de cálculo de plazos para evitar la impunidad, levantar el secreto bancario con la debida autorización judicial y utilizar intervenciones telefónicas practicadas en procesos penales; todo esto garantizando el debido proceso.