Por Luis Jiménez |6 de diciembre de 2024, 9:55 AM

El expresidente del Concejo Municipal de San José, así como un funcionario del Ministerio de Educación Pública (MEP) y exdirectivos del Liceo de Costa Rica, enfrentarán una acción civil resarcitoria por el presunto delito de desvío de fondos.

El pasado 28 de noviembre, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) presentó una acusación formal contra 13 personas aparentemente implicadas en un esquema de asociación ilícita para obtener beneficios económicos del centro educativo en cuestión.

Sin embargo, la Procuraduría General de la República confirmó a Teletica.com que en los próximos días estará presentando la acción civil por los delitos que se investigan por los supuestos daños y perjuicios causados.

“La Procuraduría de la Ética Pública estará presentando acción civil resarcitoria en contra de un exregidor de la Municipalidad de San José (expresidente del Concejo Municipal), un funcionario del Ministerio de Educación Pública y exmiembros de la Junta de Administración del Liceo de Costa Rica.

“Se está en el análisis preliminar para establecer el monto, además es importante mencionar que estamos dentro del plazo para estimar el daño social”, indicó la Procuraduría.

El caso, identificado bajo el expediente 21-000291-1218-PE, involucra al expresidente del Concejo Municipal de San José, dos de sus asesores, un empresario, miembros de la Junta Administrativa del Liceo y tres abogados.

Según las investigaciones, los imputados, bajo la dirección del exfuncionario municipal, habrían utilizado la Junta Administrativa del Liceo como mecanismo para desviar fondos y bienes públicos en su beneficio.

A los acusados se les señala de haber eliminado proveedores de los centros educativos afectados para asignar los contratos a familiares sin realizar concursos ni licitaciones, infringiendo las normativas vigentes.

En junio de 2023, la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanó el Liceo de Costa Rica y las casas de varios miembros de las Juntas Educativas en Pavas, Cartago, Tibás y Moravia, entre otros, así como las viviendas de contadores que les brindaban servicios a los centros educativos.

Los hechos con los que se le relacionan a los sospechosos habrían ocurrido entre el año 2020 y 2023.

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