Defensoría lamenta sobreseimiento en firme por asesinato de líder indígena Jerhy Rivera
Rivera, un líder del pueblo Bröran de Térraba, fue asesinado el 24 de febrero de 2020 tras enfrentarse con supuestos usurpadores de tierra.
“La justicia pronta y cumplida sigue siendo una deuda”: así reaccionó la Defensoría de los Habitantes a la confirmación, por parte del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, de la resolución impugnada en todos sus extremos, manteniéndose en firme el sobreseimiento y absolutoria, en el caso de la muerte del líder indígena, Jerhy Rivera.
Rivera, un líder del pueblo Bröran de Térraba, fue asesinado el 24 de febrero de 2020, tras enfrentarse con usurpadores de tierra. Por este delito, el 1° de febrero de 2023, un hombre de apellido Varela Rojas fue sentenciado a 22 años de prisión.
Sin embargo, en julio de ese año, tras un recurso de apelación interpuesto por sus abogados ante el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, el sujeto fue puesto en libertad.
Posteriormente, el Tribunal anuló el juicio y alegó que hubo vicios en la valoración de la prueba y ordenó que se realizará uno nuevo con una distinta integración de jueces.
Tras un nuevo juicio, en setiembre de 2024, el Tribunal de juicio de Pérez Zeledón absolvió a Varela Rojas.
La directora del Área de Igualdad y No Discriminación de la Defensoría, Tatiana Mora, indicó que hacen un llamado a las autoridades para que las personas indígenas del país sientan que hay una justicia pronta y cumplida.
"Nosotros tenemos la obligación, el mandato de hacer este llamado y de continuar siendo voz de estos pueblos indígenas que, lamentablemente, ante estos hechos reiteran la necesidad de un efectivo y pleno disfrute de un acceso a la justicia", afirmó Mora.
El año pasado, este ente generó un espacio de diálogo con diferentes actores involucrados en la defensa de los pueblos indígenas llamado “Foro de Acceso a la Justicia”. En este espacio se denunció la exclusión, invisibilización y discriminación que enfrentan como resultado de las omisiones y actuaciones de las instituciones públicas.
Para la Defensoría, aunque se han emitido lineamientos y políticas desde la Subcomisión para el Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, la Defensoría señala que las comunidades continúan defraudadas, reclamando el cumplimiento de compromisos históricos.
Asimismo, destacó que, a más de una década de la vigencia de la Medida Cautelar 321-12, emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los esfuerzos del Estado costarricense para proteger a las dirigencias indígenas han sido insuficientes.
Esta medida cautelar exige cumplimiento de garantías de protección a la vida e integridad de los miembros del pueblo indígena Teribe y el pueblo indígena Bribri de Salitre, quienes estarían ubicados en una zona denominada Salitre, esto debido a un presunto contexto de ocupación de sus tierras.
Sobre lo anterior, lo ejemplificó precisamente con las muertes de Jehry Rivera y Sergio Rojas, indígena Bribri de Salitre, ambos vecinos y representantes de los territorios indígenas donde aplica esa medida cautelar.