Contraloría ordena suspender a Johnny Araya por contratación irregular

La Contraloría General de la República ordenó suspender por 20 días sin goce de salario al alcalde de San José, Johnny Araya, por la contratación de un bufete para dar asesoría jurídica a la municipalidad josefina.

La resolución, que dio a conocer este miércoles el diario La Nación, también va contra otros dos funcionarios municipales, incluido el director jurídico del gobierno local.

Araya, quien dejará su cargo en mayo próximo, insistió en que el contrato vino respaldado de un órgano técnico y acusó que es víctima de una persecución por parte del ente contralor, que suma la tercera suspensión en su contra en dos años.

El caso

Las sanciones responden a la contratación por excepción que Araya autorizó para la empresa DBS Asesores Jurídicos y por la cual se pagaron ₡22.5 millones. Ese acuerdo se hizo de manera directa, sin que mediara un concurso público ni ningún estudio que justificara el monto.

La idea es que este bufete brindara asesoría a los abogados del municipio en temas como la Ley de Empleo Público o la convención colectiva.

Sin embargo, la Contraloría alega en su resolución que no existe evidencia de análisis alguno que respaldara la contratación del bufete mediante un criterio de excepción como el aplicado.

“El investigado Araya Monge autorizó una contratación por excepción, sin verificar y constatar, de manera previa, que se cumplieran con los requisitos que la normativa legal y reglamentaria”, dijo la Contraloría, según reprodujo 'La Nación'.

Persecución

Consultado por este medio, Araya defendió que no solo es equivocado el criterio de la Contraloría para sancionarlo, sino que refleja una persecución en su contra.

“Yo me he sentido perseguido por la Contraloría General de la República, porque me extraña cómo en 25 años no tuve ni un solo procedimiento y ahora en los últimos dos años ya he tenido como cuatro seguidos.

“Lo otro es que me parece que no lleva razón la Contraloría al sancionarme por un hecho que no corresponde, porque yo lo que hice fue seguir el criterio de la Dirección Jurídica de la Municipalidad y el trámite de contratación de la empresa se hizo por medio de Proveeduría, que es el órgano técnico especializado que tiene la Municipalidad”, insistió el alcalde.

Por esas diferencias, Araya ya presentó un recurso de amparo electoral ante el Tribunal Supremo de Elecciones (encargado de la sanción) para apelar no solo la resolución, sino además la suspensión. Junto a este, solicitó una medida cautelar que deje sin efecto la solicitud de la CGR.

De manera paralela, el alcalde dijo que, sin importar la resolución de ese amparo, llevará el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues asegura que la CGR sigue irrespetando los tratados en esa materia.

“Los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para nuestro país y son claros en que la única forma de sancionar a un funcionario público electo es cuando exista una condena penal en firme, pero aquí la Contraloría ha abusado y ha sancionado a muchos alcaldes, a muchos regidores, a funcionarios electos que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte no se puede, eso es lo que estoy peleando.

“Los jerarcas de la institución pública no somos expertos en todo, yo no soy abogado, yo no soy experto en contratación administrativa y la ley es clara en que la actuación de un jerarca debe estar respaldada por los criterios de los órganos técnicos correspondientes y en este caso quien me recomienda la contratación y la forma en que se hizo fue la Dirección Jurídica de la Municipalidad, entonces yo no debí ni puedo ser sancionado por seguir una recomendación”, finalizó.

Más tarde, la firma DBS Asesores aclaró que conocía de la investigación y que, como parte de las normas de ese procedimiento, se autoriza a los proveedores a depositar el 10% del monto total de la contratación y con ello excluirse de la relación de hechos, sin que eso se entienda de forma alguna como una aceptación de responsabilidad. 

"En nuestro caso, en mayo 2022 comunicamos a la autoridad contralora que procederíamos de esa manera y quedamos excluidos totalmente del procedimiento de investigación. Desde entonces y al no ser un asunto que nos incluya (dado que fue competencia de la municipalidad el proceso de contratación y sobre esto versó el análisis de la CGR), desconocíamos lo resuelto hasta el día de hoy que fue dado a conocer.

"De nuestra parte, fuimos y somos respetuosos de este tipo de procedimientos y estamos absolutamente tranquilos de haber cumplido a cabalidad con todo lo pertinente, actuando a derecho y siempre con la transparencia requerida", dijo.