Por Juan José Herrera |9 de marzo de 2021, 12:56 PM

La Contraloría General de la República arremetió este martes contra el proyecto de ley que permitiría la creación del Parque de Diversiones del Caribe.

Lo hizo en un criterio emitido a solicitud de la Asamblea Legislativa para el expediente 22.264, presentado por el presidente del Congreso Eduardo Cruickshank.

La principal crítica es que la iniciativa no aporta estudios técnicos que determinen de manera concreta qué abarca el proyecto, lo mismo que su viabilidad técnica, presupuestaria, financiera, económica y su impacto social.

“Es importante señalar que el aval estatal, el cual se establece en el numeral 5 del texto consultado, presupone un análisis sobre la capacidad fiscal del Estado, por cuanto podría eventualmente convertirse en un pasivo para el Estado y con ello generar una mayor presión fiscal, en un contexto en el que las finanzas públicas muestran poco margen de disposición económica, especialmente si no se cuenta con todos los análisis que evidencien la viabilidad técnica, social y económica del proyecto propuesto”, dice la Contraloría en el oficio.

El ente añade que la propuesta es omisa además ante la eventualidad de resultados financieros deficitarios durante la operación del proyecto, lo cual despierta interrogantes pues no queda claro quién asumiría esas posibles pérdidas.

También critica que el uso del canon de la concesión de la Terminal de Contenedores de Moín del que goza Japdeva para su financiamiento dista del propósito para el cual fue creado y que está destinado por ley, que es el de sufragar gastos derivados de las funciones de control, fiscalización, supervisión e inspección de la ejecución de dicho contrato.

Esto, aseguran, sería ilegal.

Finalmente señalan que el cambio aprobado para que la administración del parque ya no recaiga en una asociación sino en la propia Japdeva, se alejaría de las funciones que por ley debe cumplir la junta portuaria.

El proyecto ha sido ampliamente rebatido, sin embargo, el Ejecutivo lo convocó a las sesiones extraordinarias, por lo que su discusión continuará en la comisión de Limón.