Corte Suprema de Panamá declara "inconstitucional" contrato de mina que desató protestas
La aprobación de la concesión a manos del Congreso derivó en una serie de manifestaciones que tienen al país semiparalizado desde hace más de un mes.
La Corte Suprema de Panamá declaró este martes "inconstitucional" el contrato de concesión de la mina de cobre más grande de Centroamérica, cuya aprobación en el Congreso desató protestas que han tenido semiparalizado al país desde hace más de un mes.
María Eugenia López, presidenta del máximo tribunal, anunció que "hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional toda la ley 406" que refiere al contrato entre el Estado panameño y la minera canadiense First Quantum Minerals (FQM).
"Lo anterior significa que la referida ley queda expulsada del sistema normativo que rige en el país", añadió la magistrada, al anunciar el fallo luego de cuatro días de deliberaciones entre los nueve miembros del máximo tribunal del país.
Luego del anuncio se desataron celebraciones de un grupo de manifestantes que pasaron toda la noche afuera de la corte.
Las protestas, las mayores en Panamá desde la caída del exdictador Manuel Antonio Noriega en 1989, y los bloqueos de rutas derivados de ellas han provocado pérdidas por más de 1.700 millones de dólares en el sector agropecuario, turismo y comercio, según el gremio empresarial.
El movimiento estalló el 20 de octubre cuando el Congreso aprobó el contrato firmado por el gobierno y FQM para operar por 40 años una mina de cobre a cielo abierto en el Caribe panameño.
El contrato fue rubricado en agosto por el gobierno y la compañía canadiense, después de que en 2017 la Corte Suprema declarara inconstitucional el acuerdo original de 1997.
FQM argumenta que la mina genera 50.000 empleos, aporta 5% del PIB y que el contrato incluye el pago de regalías anuales por 375 millones de dólares, diez veces más que el acuerdo inicial.
La mina produce desde 2019 unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre anuales, que representan el 75% de las exportaciones panameñas. Tiene además unos 2.500 proveedores en el país, que le venden mercancías por 900 millones de dólares anuales.
Los ambientalistas afirman que la mina daña severamente el medioambiente por estar en un corredor biológico que conecta a Centroamérica y México.
