Venezuela gira orden de captura contra Javier Milei, su hermana y su ministra de Seguridad
La causa judicial abierta en Caracas es por el caso de un avión venezolano retenido en Buenos Aires y entregado a Estados Unidos.
Las tensiones diplomáticas entre Venezuela y Argentina aumentan.
Este miércoles se anunció que la Fiscalía de Venezuela emitirá órdenes de detención contra el presidente de Argentina, Javier Milei, y dos de sus funcionarias más cercanas por haber retenido y luego entregado a Estados Unidos un avión de carga venezolano.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó en rueda de prensa que se había asignado a dos fiscales para la causa y que "se encuentran tramitando la orden de aprehensión" contra el mandatario argentino, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Saab dijo que se los investiga por los delitos de robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de la libertad, simulación de hecho punible, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir.
El funcionario chavista calificó a Milei de "fascista neonazi" y "ladrón robaaviones", y dijo que lo ocurrido con la aeronave "no puede quedar impune".
"El avión que se robaron servía para razones humanitarias", sostuvo.
El Boeing 747-300 de la aerolínea Emtrasur, que iba con tripulación venezolana e iraní, fue confiscado en Buenos Aires por las autoridades argentinas el 8 de junio de 2022 por una investigación sobre presunto terrorismo, cuando era presidente Alberto Fernández.
Finalmente el gobierno de Milei entregó la aeronave a EE.UU. en febrero de este año y esta quedó confiscada en el aeropuerto ejecutivo de Opa-Locka (Florida).
Saab justificó este miércoles que los presuntos delitos de los que acusa a Milei y a sus funcionarias sean juzgados en Venezuela basándose en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
El anuncio de la emisión de las órdenes de detención tensará aún más las relaciones entre Maduro y Milei.
Mientras la Justicia argentina avanza en una causa contra el presidente venezolano y funcionarios y agentes de su gobierno por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad contra la oposición, Milei no se ha casado de denunciar un supuesto fraude en las elecciones celebradas en Venezuela a fines de julio y ha exhortado a la Corte Penal Internacional a detener a Maduro.
A eso se suma el hecho de que la embajada de Argentina en Caracas les concedió refugio a seis asesores de la oposición y la expulsión a principios de agosto de una docena de diplomáticos argentinos ordenada por el gobierno de Maduro.
El avión de la discordia
El pulso en torno al avión de la aerolínea venezolana Emtrasur, comenzó tras quedar este varado en Buenos Aires en junio de 2022 por falta de combustible.
Había llegado a la capital argentina el día 6 de ese mes y dos días más tarde tenía previsto ir a Montevideo, pero Uruguay le denegó acceso a su espacio aéreo, por lo que debió regresar al aeropuerto argentino, donde fue retenido a pedido de Estados Unidos. Sus 19 tripulantes fueron detenidos.
Antes de pertenecer a Emtrasur, propiedad del Estado venezolano, el Boeing había operado con Mahan Air, aerolínea iraní sancionada por Estados Unidos por sus vínculos con la Fuerza Quds, poderoso brazo paramilitar de élite del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, a la que Washington considera una organización terrorista.
Los gobiernos de Teherán y Caracas negaron las acusaciones estadounidenses de que el avión servía en realidad para operaciones de inteligencia iraní en América Latina y un juez argentino dispuso en octubre de 2022 la puesta en libertad de los últimos tripulantes que permanecían presos por la “falta de mérito” de los cargos en su contra.
La aeronave, sin embargo, quedó retenida pues en julio de 2022, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, con la colaboración de las autoridades argentinas, obtuvo una orden judicial para que el avión fuera confiscado en Buenos Aires por “el traspaso no autorizado” del Boeing de la sancionada Mahan Air a Emtrasur.
Mahan Air figura en la lista de entidades sancionadas del Departamento de Comercio de EE.UU. desde 2008. Una orden que se ha venido renovando le prohíbe participar en ninguna transacción en la que productos exportados estadounidenses se vean afectados y el Boeing es un avión de diseño y fabricación estadounidense.
El pasado enero, un juez argentino ordenó que el avión fuera entregado a Estados Unidos, una decisión que el gobierno venezolano tachó de “robo”.
Violaciones de los derechos humanos
Saab anunció además este miércoles que investigarán a Milei y Bullrich por presuntas violaciones a los derechos humanos, luego de que manifestantes argentinos -algunos de ellos ancianos- fueran reprimidos con gas pimienta y gas lacrimógeno en protestas recientes.
Milei "se está convirtiendo (...) en el principal violador de los derechos humanos en Argentina posterior a la dictadura", afirmó Saab.
Es "el violador de derechos humanos más feroz del continente", agregó.
"Este Ministerio Público considera que podríamos estar en presencia de graves violaciones a los derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, por lo que inspirado en el principio de justicia universal (...) hemos decidido designar un fiscal especializado en materia de protección a los derechos humanos para que adelante las investigaciones", informó el fiscal general.
El principio de justicia universal, según la ONU, aplica a graves crímenes e incluye a los de lesa humanidad, los de guerra y aquellos de genocidio.
Saab dijo que las acciones del gobierno de Milei "constituyen presuntamente crímenes de lesa humanidad referidos al exterminio y otros actos inhumanos de carácter similar que causan intencionalmente grandes sufrimientos en contra de la población civil vulnerable de Argentina".
Venezuela fue señalada este martes por la Misión de Determinación de Hechos de la ONU por violaciones a los derechos humanos y dijo que el gobierno intensificó su aparato represivo y reactivó "una modalidad más dura y violenta" contra opositores o disidentes tras las elecciones presidenciales de julio.
