Presidente Alvarado: "El uso de la tobillera se mantendrá"

El presidente Carlos Alvarado garantizó, este lunes, la continuidad del servicio de tobilleras electrónicas para el monitoreo de privados de libertad.

El contrato del Ministerio de Justicia con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) vence el próximo 27 de febrero y la Contraloría General de la República negó, en dos ocasiones, la posibilidad de extenderlo. 

Ante la incertidumbre de qué pasará con las 1.800 personas que portan uno de estos dispositivos, el mandatario aseguró que el sistema se mantendrá. 

"Podemos garantizar a los costarricenses que no habrá ningún inconveniente en materia de seguridad, es decir, que el uso de la tobillera se mantendrá y que la situación que se está dando con este contrato no va a entorpecer que eso se siga dando", dijo Alvarado durante la inauguración del curso lectivo.

El mandatario confirmó que el Ministerio de Justicia tiene una "ruta de solución" que él apoya, así como el trabajo de la ministra, Fiorella Salazar, para ejecutarla. Sin embargo, no detalló de qué se trata. 

"Garantizamos que no va a incurrirse en una falta de este servicio y que perjudique la seguridad y la correcta aplicación de sentencias de estas personas", insistió.

"Ruta de solución"

La ministra Salazar aseguró que el rechazo de la Contraloría terminó con la "incertidumbre" de su cartera y les permitió empezar a trabajar en los planes definidos previamente. 

"El Ministerio de Justicia y Paz está trabajando, desde el momento en que recibió la comunicación, en los escenarios que ya tenía previstos para esta posibilidad, para la posibilidad del no", dijo la jerarca. 

Teletica.com consultó al Ministerio de Justicia sobre la "ruta de solución" mencionada por el Presidente, pero no brindaron detalles. Por medio de la oficina de prensa se informó que la medida se dará a conocer oportunamente. 

"Es muy importante para nosotros transmitirle tranquilidad a la ciudadanía y a las personas monitoreadas, así como a sus familias, de que no queremos que el servicio de monitoreo se desestabilice en el país", agregó la ministra. 

Declaraciones de la ministra de Justicia, Fiorella Salazar:

¿Cuáles son las opciones?

Teletica.com consultó a dos expertos en contratación administrativa cuáles son las opciones que tiene el Ministerio de Justicia tras la respuesta negativa del ente contralor para extender el contrato con la ESPH antes del 27 de febrero.

Juan Carlos Castro, de Officium Legal Abogados, y Rolando Segura, socio fundador de BSA Consultores, coincidieron: Justicia podría solicitar ante la Contraloría una contratación de urgencia. 

"El procedimiento de urgencia está debidamente normado en el Reglamento de Contratación Administrativa y la justificación que tendría Justicia es invocar la afectación de un interés público", explicó Castro.

"Uno de los principios del servicio público es la continuidad y esto es un servicio público importante, porque imagínese lo que es que estas personas queden sin monitoreo; hay que hacerlo excepcionalmente con una contratación de urgencia", agregó Segura.

Eso sí, los expertos son enfáticos en que es necesario realizar una modificación presupuestaria interna para darle contenido a este procedimiento de urgencia, que tendría que ser aprobado por el ente contralor.

Castro y Segura también coinciden en que este procedimiento de urgencia podría traer consecuencias para el Ministerio de Justicia.

"Si la Contraloría General de la República determina que existe mala administración por parte del responsable, el Ministerio de Justicia se expone al régimen de sanciones dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa", señaló Juan Carlos Castro. 

"Esto probablemente va a generar responsabilidad administrativa. La Contraloría dice 'bueno, yo le autorizo a usted una contratación de urgencia, pero usted tiene que abrir los procedimientos para definir las responsabilidades a nivel interno'", concluyó Segura.