Internacional
Daniel Ortega y Rosario Murillo consagran su poder absoluto en Nicaragua
"Más poderosos que nunca", el matrimonio controlará todos los poderes del Estado y a la sociedad civil.
"Más poderosos que nunca", el matrimonio controlará todos los poderes del Estado y a la sociedad civil.
La relación entre Estados Unidos y Ortega, un exguerrillero en el poder desde 2007, es especialmente tensa desde las elecciones nicaragüenses de 2021, consideradas fraudulentas.
La propuesta impone penas de dos a seis años de prisión a quienes ingresen o salgan del país ilegalmente con el fin de "menoscabar" la soberanía.
La propuesta, que aumenta el periodo presidencial de cinco a seis años, fue sometida a la Asamblea Nacional, bajo control del gobernante Frente Sandinista.
El grupo de excarcelados viajó a Guatemala para recibir atención médica y tramitar las visas para ir a EE.UU. u otros países.
El gobierno de Ortega y de su poderosa esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, endureció las leyes tras las protestas de 2018, que en tres meses dejaron más de 300 muertos, según informes de ONU.
"El grave error (de Acuña) fue creer que la dictadura tiene amigos. En una dictadura nadie está a salvo y la guillotina del poder puede caer sobre cualquiera", dijo Arturo McFields, exembajador de Nicaragua.
El gobierno de Daniel Ortega ha cerrado 3.500 ONG y todos los medios de prensa independientes. ¿Cómo se vive en un país sin leer un diario impreso ni poder pensar diferente?
Los medios aseguran que Humberto Ortega, exjefe del Ejército y crítico del gobierno izquierdista de su hermano, fue ingresado "con síntomas de haber sufrido un infarto cardíaco en su casa".
Según confirmó la policía, el hermano del presidente de Nicaragua quedó al cuidado de una "Unidad de Atención Médica Especializada" en su casa.
El asilo político concedido por Nicaragua al expresidente panameño Ricardo Martinelli es el último de una larga lista de personalidades con cuentas pendientes con la justicia que encuentran refugio gracias al gobierno de Daniel Ortega.
La Sala Constitucional admitió un Habeas Corpus para impedir la extradición, pero fue aprobado horas después de que el preso político fuera entregado a Nicaragua.