Decomisan computadoras, documentos físicos y electrónicos en bufete de Canciller
La denuncia que originó la investigación fue interpuesta por el Tribunal Supremo de Elecciones, que halló indicios de un oscuro esquema de financiamiento.
El Ministerio Público decomisó computadoras, documentos físicos y electrónicos relacionados con el fideicomiso Costa Rica Próspera y de la sociedad anónima ATA Trust Company tras el allanamiento en la oficina de abogados del Canciller de la República, Arnoldo André Tinoco.
A las 9:00 a. m. de este jueves ingresaron los fiscales, una jueza y varios agentes del OIJ a la oficina de abogados del canciller.
Estuvieron en la oficina en el segundo piso del edificio, ubicado en Los Yoses en San Pedro de Montes de Oca.
La diligencia de allanamiento comenzó desde este miércoles y había sido suspendida a las 3 de la tarde.
En ese sitio respaldaron información electrónica y decomisaron documentos físicos relacionados con la sociedad anónima fiduciaria del fideicomiso Costa Rica Próspera.
Los funcionarios judiciales tuvieron alrededor de 40 minutos en una de las oficinas del edificio y al salir el fiscal general aseguró que la diligencia estaba concluida.
El fiscal general investiga un presunto financiamiento ilegal de la campaña política electoral del Partido Progreso Social Democrático que llevó a la presidencia a Rodrigo Chaves Robles, también imputado en la misma causa.
Otras personas, también vinculadas con el presunto financiamiento paralelo de la campaña de Chaves, son investigadas mediante otro expediente judicial en la fiscalía de probidad, ya que no son miembros de los supremos poderes.
La oficina de abogados emitió un comunicado en el que informó de que el allanamiento se realizó en las instalaciones de la fiduciaria ATA Trust Company, que comparte sus oficinas con el bufete.
La denuncia que originó la investigación fue interpuesta por el Tribunal Supremo de Elecciones, que halló indicios de un oscuro esquema de financiamiento en la agrupación política que llevó al mandatario Chaves a Casa Presidencial.
La fiscalía persigue un presunto delito electoral, que contempla penas de hasta seis años de cárcel.
Más detalles en el video adjunto.
