Caso Azteca: Sospechosos quedarán en libertad en las próximas horas
La resolución, de la cual este medio tiene copia, indica que el plazo de prisión preventiva contra los imputados vence el 15 de mayo; sin embargo, el Tribunal rechazó la prórroga.
Cuatro investigados en el caso Azteca quedarán en libertad en las próximas horas, luego de que el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito Judicial de San José rechazara la prórroga de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público.
Tres hombres, identificados con los apellidos Camelo, López y Montaño, permanecen en un centro penal; mientras que una mujer, de apellido Guillén, cumple arresto domiciliario con monitoreo electrónico.
La resolución, de la cual Teletica.com tiene copia, indica que el plazo de prisión preventiva contra los imputados vence el 15 de mayo de 2024 y cita lo siguiente:
“A juicio del Ministerio Público, (los imputados) son constitutivos de un delito de tráfico agravado de drogas en la modalidad de posesión, almacenamiento y transporte (que contempla una pena de ocho a 20 años de prisión) y un delito de legitimación de capitales provenientes de narcotráfico (cuya pena es de 10 a 20 años de prisión). Luego de la explicación de las circunstancias procesales (peligro de fuga) que, a criterio del fiscal actuante, continúan justificando la prórroga extraordinaria.
“Por todo lo expuesto, solicita que se ordene la prórroga de la prisión preventiva que pesa sobre los imputados por el lapso de tres meses, plazo que considera que es necesario para mantener a los encausados vinculados al proceso y, así, dar por finalizada la etapa intermedia y, de ordenarse la apertura a juicio, se señale fecha para debate. Asimismo, estima que las medidas cautelares y el término por el que se solicita su prórroga extraordinaria, es proporcional a la gravedad de los hechos que se investigan, así como a las posibles penas que se podrían imponer a los imputados”.
El caso Azteca cumple ya cinco años y cuatro meses desde que inició la investigación. Este expediente involucra a empleados públicos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y empresas privadas que, al parecer, lograban contratos millonarios con ayuda de los funcionarios mencionados.
“En virtud de todo lo expuesto, y de conformidad con lo regulado en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política; artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y; artículo 258 del Código Procesal, se rechaza la solicitud del Ministerio Público de prórroga extraordinaria de la prisión preventiva contra los imputados López, Camelo y Montaño, y de la medida cautelar de arresto domiciliar con monitoreo electrónico de la encartada Guillen”, indica el por tanto de dicha resolución.
Caso Azteca
Según las pesquisas, varias personas creaban empresas dedicadas a la construcción para participar en licitaciones de obra pública y, con la ayuda de funcionarios estatales, lograban ganarlas. A cambio, habrían recibido sumas cuantiosas de dinero.
Fue el martes 9 de noviembre de 2021 cuando el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron 37 allanamientos y detuvieron a 24 personas, entre ellas 14 funcionarios públicos, como sospechosas de los delitos de narcotráfico, legitimación de capitales, enriquecimiento ilícito y corrupción.
Al parecer, tanto los funcionarios como los 10 empresarios obtuvieron, aproximadamente, 1.370 millones de colones entre licitaciones y bienes e inmuebles.
La supuesta estructura criminal, que en un principio se dedicaba al tráfico de drogas, corrompió a funcionarios públicos para lavar dinero: mezclaban capital ilícito con dinero del Estado.
Según el OIJ, la organización compraba empresas “fachada” con alta disponibilidad de dinero en efectivo que no tenía origen lícito conocido. Inicialmente, estas costosas compras en efectivo hicieron saltar las alertas de la Policía.
El objetivo principal era obtener altas cantidades de dinero en efectivo para colocarlo en el sistema financiero y bancarizarlo para darle visos absolutos de legalidad. Como los fondos que recibían eran del propio Estado, su origen estaba justificado.
Los funcionarios públicos de AyA fungían como abogados, administradores e ingenieros con posibilidades de determinar cómo se hacían las licitaciones. Aparentemente, obtenían dinero, así como bienes, muebles e inmuebles, crearon facturas falsas, justificaban gastos inexistentes y simulaban situaciones de emergencia para generar fondos que luego trasladaban a sociedades anónimas mediante licitaciones.
También se aprehendió a un empleado de un banco estatal que, al parecer, les brindaba asesoría de cómo bancarizar los fondos, hacer cambio de dólares sin despertar sospechas y cómo superar los obstáculos antilavado que tienen las instituciones financieras.
Este habría adquirido mediante el uso de testaferros y, en un espacio de tiempo reducido, 22 bienes e inmuebles, así como 30 vehículos de uso personal y de construcción valorados en 600 millones de colones y 110 mil dólares.
El Ministerio Público indicó que, hasta el momento, no hay fecha para juicio.
