Por Luis Jiménez |31 de octubre de 2023, 11:24 AM

Mauricio Gómez, oficial del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y, Álvaro Rodríguez, exagente judicial y actual secretario General del sindicato de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística (ANIC) dicen que en cualquier parte del planeta el trabajo policial es un riesgo, sin embargo, afirman que todo el gremio está comprometido en sacar el país adelante pese al aumento en los ataques violentos que enfrentan en la actualidad por parte del crimen organizado.

Durante este mes de octubre, varios agentes de la Policía Judicial fueron atacados a balazos en dos hechos diferentes: el primero ocurrió durante la noche del miércoles 4 de octubre, cuando un oficial murió y otro más resultó herido de gravedad luego de recibir varios disparos en Tirrases de Curridabat, San José, mientras realizaban un trabajo de inteligencia.

El segundo hecho se dio el viernes 20 de octubre en San Rafael de Siquirres, Limón. Ahí un hombre disparó una escopeta contra un grupo de agentes del OIJ y el Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) que se preparaban para allanar su casa. Dos oficiales, de 28 y 40 años, resultaron heridos en codo, pie y abdomen, respectivamente.

“El riesgo siempre es latente y en cualquier parte del planeta el trabajo policial lleva un riesgo, la situación actual es por el incremento de la delincuencia, los delitos y eso se refleja en la forma violenta con que nos están atacando porque es claro que hay una descomposición social. Estos casos que han ocurrido con otros compañeros no es algo aislado.

“La preocupación no es tanto en el sentido de tenerlos que enfrentar porque para eso nos pagan, somos policías y nuestra función es enfrentar la delincuencia, porque sino mejor no hubiéramos sacado esta profesión, pero realmente el grado de violencia es muy alto y debemos de tener más cuidado”, explicó Mauricio Gómez.

El agente también comentó que hay una cifra negra de compañeros fallecidos en los 50 años que tiene de haberse fundado el OIJ. Hasta el momento, contabilizan 22 muertes durante el cumplimiento del deber, sin embargo, señalan que hay otra cifra más elevada por diferentes situaciones como accidentes y heridos de bala.

“En mi caso, en tres oportunidades me ha tocado vivir situaciones de alto riesgo, pero la que más recuerdo fue la del año 2000, cuando buscábamos a un guerrillero nicaragüense que se había fugado de la cárcel la Reforma porque estaba involucrado en varios secuestros y homicidios.

“A esta persona la encontré en el mercado de Heredia y cuando lo enfrenté me sacó una granada de fragmentación y en el bolso andaba una pistola .45, logré enfrentarlo y detenerlo. Hay situaciones como esta que son de muchísimo riesgo y en esa ocasión no pasó a más, gracias a Dios”, mencionó Gómez.

Para Álvaro Rodríguez, secretario General de ANIC, lo que viven hoy los cuerpos policiales “es como una muerte anunciada”, por la desatención que hay para la seguridad del país.

“El crimen organizado es el que comanda este país, son los dueños porque se ha dejado que lleguen a esto, hay desatención por parte del gobierno, quien no ha podido detener lo que los delincuentes están haciendo y se sabe que están creando redes a lo interno de las instituciones estatales en busca de aliados, lo cual es muy grave.

“Hay fuga de talentos dentro del OIJ desde el 2018 y en los últimos cuatro años contabilizamos ya 300 agentes que renunciaron, esto es significativo porque, además, salió personal de mucha experiencia que no se ha cubierto. Somos un brazo fuerte de la justicia y a pesar de esto que vivimos a diario vamos para adelante”, expresó Rodríguez.

Con respecto a las armas de grueso calibre que ingresan a territorio nacional, ambos expertos comentaron que, desde hace unos años, la mayor parte ingresaban por Nicaragua provenientes de la guerra sandinista de los años 1980.

Actualmente, les llama la atención que hay armas como la AR-15, otras más sofisticadas y potentes que están siendo traficadas desde diferentes fronteras, muchas entran de manera ilegal por parte de empresas de seguridad privada y otras se consiguen en el mercado negro sin papeles.

En Costa Rica, un arma tipo AK-47 puede costar un millón de colones, mientras que una AR-15 su costo es más elevado y alcanza hasta los tres millones de colones, según los agentes del OIJ.

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