Salud gira orden sanitaria por intoxicaciones en colegio de Upala

El Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria contra los dueños de una finca utilizada para plantaciones de arroz que está cerca del Liceo de San José de Upala.

Precisamente en ese centro educativo este miércoles se reportó la intoxicación de 19 estudiantes. 

Según el reporte recibido por las autoridades, los colegiales presentaban síntomas como dolor de cabeza y náuseas. Todos fueron traslados por el personal de la Cruz Roja al centro hospitalario para su valoración.

Al momento de la inspección en el sitio se detectó un dron fumigando el cultivo de arroz; así mismo, se verificó el lugar, encontrando los productos utilizados para esa fumigación. 

Por esta razón, la Dirección Regional de la Rectoría de la Salud Chorotega, procedió a girar una orden sanitaria en la cual se indica:

“Suspender toda actividad de fumigación, con cualquier tipo de agroquímico, en las fincas con sembradío de arroz ubicadas en San José de Upala, lo anterior hasta tanto se cuente con el respectivo visto bueno para el desarrollo de dicha actividad en el inmueble, debidamente otorgado por las autoridades competentes del ministerio de Agricultura y Ganadería”.

Según la entidad, en caso de comprobarse el incumplimiento de la presente orden sanitaria, Salud procederá con el decomiso de todo tipo de herramienta, producto químico, equipo y vehículos utilizados en la actividad de fumigación. Además, presentarán una denuncia penal y un informe sanitario de cobro de multa por ₡462.200, equivalentes a un salario base.

“Cómo lo hemos venido realizando y en nuestro papel de ente rector en salud pública estamos en la obligación de tomar todas las medidas sanitarias necesarias con el objetivo de prevenir y mitigar el riesgo o daño a la salud, en procura del bienestar de todas las personas que radiquen en el territorio costarricense ante los posibles efectos por el uso de agroquímicos.”, indicó Mary Munive, vicepresidenta de la República y ministra de Salud.

De incumplir con lo ordenado, las autoridades podrán elevar el caso al Ministerio Público por desobediencia de la autoridad, en concordancia con el artículo 314 del Código Penal, el cual indica que:

“…Se impondrá prisión de seis meses a tres años, a quien no cumpla o no haga cumplir, en todos sus extremos, la orden impartida por un órgano jurisdiccional o por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, siempre que se haya comunicado personalmente, salvo si se trata de la propia detención…”