TSE presenta consulta ante Sala IV sobre nueva versión de "Ley Jaguar"
La gestión se fundamenta en "nuevos elementos técnicos" en poder de la Autoridad Electoral.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) presentó ante la Sala Constitucional una consulta sobre la nueva versión del proyecto de Ley Jaguar para Impulsar el Desarrollo de Costa Rica.
La gestión la dio a conocer, la tarde de este viernes, la Autoridad Electoral en un comunicado de prensa. La misma se fundamenta en los artículos 96, inciso d), y 98 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Esta consulta se dirigió contra los numerales 2, 4 y 5 del texto. Los mismos establecen, en resumen:
- Un cambio en el ordinal 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (CGR) para que esta no pueda “sustituir o abarcar” asuntos que corresponden a las competencias de la administración.
- Una modificación en el artículo 67 de la Ley General de la Contratación Pública, sobre la compra y arrendamiento de bienes inmuebles.
- Y una variación del artículo 5 bis de la Ley Orgánica de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), para admitir que esta incluya bienes inmuebles propiedad o bajo administración de partes en alianzas estratégicas.
El máximo órgano electoral explicó que, si bien el 29 de julio anunció que esperaría el voto de los magistrados sobre la primera versión de la “Ley Jaguar” y el informe respectivo del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa para pronunciarse sobre el fondo del proyecto, esa espera perdió su razón, ya que los gestores de la iniciativa original para que la propuesta se sometiera a referendo pidieron retirarla y sustituirla por una nueva versión.
Esto ocurrió tan solo al día siguiente de que la Sala emitiera su “por tanto” (parte resolutiva), tras conocerse la reacción del presidente de la República, Rodrigo Chaves.
Añadió el Tribunal de Elecciones que, aunque los numerales sobre los que gira la nueva consulta ya habían sido incluidos en la primera versión del texto, sobre estos existen “nuevos elementos técnicos” que hacen necesaria una segunda gestión.
Entre esos componentes destaca la consulta que formuló paralelamente la Contraloría ante la propia Sala y que hasta la fecha no ha sido resuelta. En ese sentido, se recuerda que el ente auxiliar del Congreso es el órgano al que la Constitución Política le encomienda la fiscalización de la hacienda pública.
La Autoridad Electoral agregó que el objetivo de esta gestión es “disponer de seguridad jurídica” sobre la constitucionalidad del texto que se pretende someter a consulta.
También este viernes, el Tribunal de Elecciones envió al Parlamento el texto del proyecto para que sea evaluado desde el punto de vista formal por Servicios Técnicos, como manda el inciso c) del numeral 6 de la Ley de Regulación del Referéndum.
