Pensión básica universal: la promesa varada de Rodrigo Arias

El 11 de abril de 2023, mientras anunciaba oficialmente su candidatura a la presidencia del Congreso, Rodrigo Arias prometió que pondría especial esfuerzo en el proyecto de pensión básica universal, una iniciativa que él mismo presentó a mediados de marzo de ese año y que busca garantizar un ingreso mínimo a toda persona mayor de 65 años.

“Lo peor que puede pasarle a una persona es llegar a la vejez sin tener un ingreso, y hoy día, de la gente mayor de 65 años, el 30% no tiene derecho a ninguna pensión. Yo me pregunto cómo podemos tener la conciencia tranquila de que hay un 30% de los costarricenses que van a envejecer y no van a tener el derecho de recibir ni un cinco, se van a morir de hambre”, aseguró en aquella oportunidad.

La iniciativa se presentó el 15 de marzo bajo el expediente 23.625 y se asignó, en teoría, a la Comisión de Asuntos Sociales.

Sin embargo, el texto nunca llegó a ese órgano. De hecho, la propuesta no avanzó más allá de su presentación.

Andrea Álvarez, liberacionista como Arias y presidenta de Sociales, confirmó que el proyecto se anunció para ese órgano, pero que nunca llegó, aunque dijo no saber por qué.

“Entiendo que es el plan, pero aún no ha llegado a la comisión. No conozco el detalle de por qué aún no”, respondió ante consulta de este medio.

El pasado 4 de marzo, cuando hizo público su interés por asumir un tercer mandato como cabeza de la Asamblea, Arias insistió por esa propuesta y la necesidad de atender a esas poblaciones.

Varado

Pese a que su discusión ni siquiera arranca, el proyecto ya suma detractores.

La principal voz en contra hasta ahora es la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema), que ha insistido en que para financiar esa pensión común se tendría que sacrificar fondos de otros regímenes, todo esto en detrimento de sus contribuyentes.

Esa queja también la ha externado el Magisterio Nacional.

Ambos insisten en que Costa Rica ya cuenta con un sistema de pensiones para los más pobres (Régimen No Contributivo) y que su aprobación se haría a costas de un deterioro en la calidad de vida de las personas trabajadoras.

El proyecto, al menos en su texto base, propone un financiamiento anual no menor al 1% del Producto Interno Bruto (PIB), que saldría todas las cotizaciones que hoy recibe la CCSS, los recursos del propio RNC, las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional y otros aportes patronales dispuestos por ley.

La construcción de la propuesta, según dijo Arias, se hizo a la par de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN).

La superintendente Rocío Aguilar, en diferentes momentos y escenarios, ha insistido en que la propuesta es vital para garantizar la atención de la vejez en la población, especialmente en momentos donde la sostenibilidad de los regímenes se ve amenazada por una caída sostenida en las cotizaciones y un aumento en las erogaciones.

 Este medio intentó conversar con Arias sobre el nulo avance de su iniciativa; sin embargo, no respondió a las llamadas realizadas a su teléfono celular, ni tampoco lo hizo a las consultas presentadas a través de su encargada de prensa.