Jueces, abogados y otros expertos también apuntan contra reforma a prisión preventiva
En un manifiesto público, los profesionales insisten en que esa propuesta no tendrá “ningún efecto positivo” en el combate a la criminalidad.
Un grupo de jueces, exjueces, exfiscales, abogados y expertos en materia penal firmaron un manifiesto público en el que se suman a las críticas contra el proyecto de reforma a la prisión preventiva en el país.
El documento, dirigido a la opinión pública y los tres poderes de la República, reúne firmas de 23 profesionales que insisten en que esa y otras propuestas “no van a tener ningún efecto positivo en la disminución de la criminalidad, como tampoco lo tuvieron en el pasado”.
“Siempre que en la historia los pueblos han cedido derechos a cambio de mayor seguridad, han terminado incrementándose las violaciones a sus derechos fundamentales con absoluta impunidad, a través de hechos delictivos de los particulares y del Estado.
“Los suscritos consideramos indispensable la necesidad de establecer en forma clara una política pública sobre la seguridad ciudadana, en plena coordinación con todos los sectores involucrados y la ciudadanía, que comprenda tanto los aspectos de represión como los de prevención”, se lee en el documento.
El manifiesto, entre otros, recoge firmas de figuras como el exfiscal general Francisco Dall’Anese; el expresidente de la Sala Tercera, Daniel González; o la actual jueza de Apelación de Sentencia Penal, Rosaura Chinchilla.
“También nosotros estamos del lado ciudadano que demanda mayor contención de la criminalidad, en lo que discrepamos es en los métodos que algunos sectores buscan y utilizan, porque no son eficaces ni eficientes para disminuirla”, añade el manifiesto.
La diputada de Nueva República y presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Gloria Navas, aseguró este lunes que buscarán los 38 votos para aprobar la reforma y que sea así la Sala Constitucional quien determine si existen o no vicios en su redacción.
Los abogados Erick Gatgens y Federico Campos, también firmantes de ese pronunciamiento, insistieron en que la propuesta no debería pasar el examen constitucional.
"Lo más grave del proyecto es que pretende incluir una nueva causal a la prisión preventiva: 'peligro para la comunidad', es como un 'saco sin fondo' al que todo le cabe por su indeterminación, y hay un alto riesgo de que se cometan arbitrariedades de todo tipo. Y esto que se vende como una solución más bien va a agravar la situación de crisis actual. Las soluciones legales deben ser racionales, no precipitadas y populistas", aseveró Campos.
“El problema es ver si la Sala tendrá una posición crítica o si se va a allanar a los otros poderes de la República, pero aunque los magistrados dijeran que no existe ningún vicio, eso no nos exime de que la propia Corte (Interamericana de Derechos Humanos) determine que la ley es contraria al Pacto de San José y condene al Estado”, finalizó Gatgens.
