Fiscalía acusa y pide juicio contra exministro Méndez Mata por cierre de plantas de asfalto
Al exjerarca y otras dos personas se les achaca una presunta influencia contra la Hacienda Pública.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) acusó y solicitó un juicio contra el exministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, por el cierre de las plantas productoras de asfalto.
Dicha gestión incluye a un exdirector de obras, de apellidos Vega León, y a un oficial mayor, de apellidos Cheves Ramírez, según un comunicado de prensa divulgado la mañana de este miércoles por el Ministerio Público.
A los exfuncionarios se les achaca un presunto cargo de influencia contra la Hacienda Pública, porque, de acuerdo con la pieza, con la decisión tomada presuntamente se eliminaron los recursos que fueron asignados a las plantas para provocar en el tiempo el estado de desuso, abandono, precarización y cierre, que permitiera enajenar las mismas como bienes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
El defensor del exjerarca, Ewald Acuña Blanco, dijo a Teletica.com que se enteró de la pieza presentada por el órgano acusador a través de la prensa, por lo que señaló la necesidad de primero estudiar el documento antes de emitir un criterio.
Pérdidas
La acusación recopila que el Estado invirtió ¢3.900 millones en la adquisición de cuatro plantas productoras de asfalto entre 2008 y 2017. Estas se instalaron en Cañas, Siquirres, Santo Domingo y Buenos Aires.
Subraya la pieza que esta última se adquirió poco antes del proceso de cierre técnico cuestionado e involucró una erogación de ¢1.700 millones.
El Ministerio Público señaló en el documento que, como consecuencia de dichas acciones, se afectó la Hacienda Pública porque, mediante el proceso de cierre técnico, "se dejó perder la inversión realizada para la compra, instalación, funcionamiento y mantenimiento de las plantas, lo que repercutió también en que se diera un incremento en el precio de la mezcla asfáltica vendida por productores privados".
Sin embargo, el abogado Ewald Acuña Blanco expuso que, desde su punto de vista, la Fiscalía omitió el hecho de que las plantas ya estaban en desuso cuando su cliente ordenó el cierre.
A los exservidores de apellidos Vega León y Cheves Ramírez también se les atribuye la influencia ejercida sobre otros funcionarios para el cierre de las plantas, pese a que estas eran rentables bajo un escenario ideal de producción, con gran interés público para la realización de obra pública vial.
Los hechos se investigaron bajo el expediente 19-000028-0033-PE, que se comunicó a las partes la semana anterior. No obstante, tal situación contrasta con lo mencionado por el jurista.
Como parte de ese proceso, la Procuraduría General de la República (PGR) deberá valorar la presentación de una querella (acusación privada) o una acción civil resarcitoria (figura a través de la cual se puede hacer un reclamo económico por los daños derivados de un hecho delictivo).
Pasado el plazo de ley, la Fiscalía remitirá la acusación con la solicitud de apertura a juicio ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública. Ese órgano deberá señalar una audiencia preliminar, para determinar si la causa se eleva a un debate oral y público.
En caso de que se ordene el contradictorio, el expediente pasará al Tribunal Penal de la jurisdicción, para el juicio correspondiente.
