Diputados preguntan a Fiscalía si quienes se niegan a responder obstaculizan investigaciones
Solicitud llega luego de que este lunes el exdirector de prensa de Casa Presidencial, Armando Gómez, y el exasesor de Rodrigo Chaves, Federico Cruz, guardaran silencio ante las consultas de los legisladores.
Los diputados aprobaron la noche de este lunes consultarle al Ministerio Público si la negativa del exdirector de prensa de Casa Presidencial, Armando Gómez, de responder preguntas de los legisladores de la Comisión de Sinart, constituye un delito.
La misma consulta ya se había hecho en la mañana para Federico Cruz "Choreco", exasesor del presidente Rodrigo Chaves y compareciente en la comisión de financiamiento de partidos.
Tanto Gómez como Cruz se acogieron al derecho constitucional de no responder a las consultas de los diputados: el primero por una eventual imputación en el caso penal que se sigue por el millonario contrato de Christian Bulgarelli con recursos del BCIE, y el segundo ante el trato irrespetuoso que dijo recibir en una audiencia previa.
En el caso de Gómez, él fue llamado al órgano luego de que su nombre apareciera en los audios que la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, grabó en Casa Presidencial durante su gestión; y que revelaron, entre otras cosas, el deseo de la Presidencia por contratar al productor Bulgarelli meses antes de que el concurso en el que resultó favorecido saliera a la luz.
Gómez aseguró, en una breve disertación inicial, que la revelación de esos audios podría suponer una posterior participación suya en un proceso penal que, según dijo el fiscal general Carlo Díaz, podría abrirse por el caso, pero que aún no existe.
“Siendo que las comunicaciones entregadas por Navarro Molina al Ministerio Público podrían contener información sensible y desarrollarse una línea de investigación en la que podría figurar como parte procesal, es mi decisión acogerme al derecho de abstención a declarar sobre aquellos aspectos que considere puedan atribuirme, erróneamente, algún tipo de responsabilidad”, aseveró.
“Usted no es imputado, usted lo sabe, entonces ese uso es excesivo y abusivo, tendrá que ser señalado por la Fiscalía, porque afecta el proceso de investigación y, por lo tanto, es también un delito”, cuestionó el frenteamplista Ariel Robles, miembro de ambas comisiones.
Robles aseguró que, bajo la lógica de Gómez, cualquier persona podría abstenerse ante la posibilidad futura, e incierta, de ser señalado en una causa.
“Yo creo que este es un uso excesivo del derecho de abstenerse, que no califica dentro del procedimiento, es más bien una obstrucción de los procesos de investigación y por eso es poco transparente”, añadió.
Gómez defendió que, en su caso, la posibilidad de que esa investigación exista es real dadas las palabras del fiscal Díaz; sin embargo, los diputados le insistieron en que esa investigación apuntaría contra los involucrados en ese contrato, algo que, en teoría, no pasó por su puesto.
Por lo que sí fue señalado fue por su trabajo como director de presupuesto en el departamento de Comunicación de Casa Presidencial, un dato que él omitió mencionar ante los diputados y por el cual también se negó a responder preguntas.
Repase aquí la comparecencia:
