Diputados cuestionan propuestas del Ejecutivo para mantener vivo proyecto de Ciudad Gobierno
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, aceptó que los recursos pactados con el BCIE en la formulación del proyecto podrían no ser suficientes, pero insistió en que el arrendamiento operativo es el mejor camino para su construcción.
Los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos cuestionaron, este martes, el camino que el gobierno de Rodrigo Chaves tomó para tratar de mantener vivo el proyecto de Ciudad Gobierno.
Se trata de la interpretación auténtica del artículo 67 de la Ley de Contratación Pública y la reforma a ese mismo apartado, ambas salidas a la disputa que el Poder Ejecutivo mantiene con la Contraloría General por la legalidad del megacomplejo en Plaza Víquez.
Para iniciar ese análisis, el órgano recibió esta tarde al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, quien insistió en que la visión del Gobierno defiende la construcción de ese complejo mediante un arrendamiento operativo que permita que el BCIE levante la estructura en terrenos del Estado, sin que esto signifique nuevo endeudamiento para el país.
“Queremos tener mecanismos alternos dentro del entorno actual, las opciones no pueden significar endeudamiento, esto quiere decir que los conceptos de arrendamiento operativo o aquellos donde el Gobierno no es el que obtiene financiamiento son las opciones viables.
“Fideicomisos como el del Poder Judicial o la Asamblea Legislativa ya hoy no son viables, porque cada uno de esos implicaría endeudamiento, por eso necesitamos nuevas opciones de financiamiento, pero no solo para el Gobierno, para la Caja, las municipalidades, instituciones públicas que podrían acometer proyectos de infraestructura de manera más eficiente”, dijo Acosta.
El problema, según los diputados, es que esas salidas podrían no ser suficientes, y que incluso de serlo, el proyecto podría no estar bien formulado.
Acosta le aceptó al liberacionista Francisco Nicolás que la formulación preliminar de Ciudad Gobierno ronda un 30% de estimación, por lo que es posible que los $450 millones que el BCIE estimó para la obra se queden cortos.
Ese monto, según el jerarca, es el máximo que podría aportar el organismo.
Eso significa que si el dinero no alcanzara, el país tendría que recurrir a endeudamiento para terminar el complejo, incluso en la visión que defiende el Gobierno de Rodrigo Chaves.
“Le estamos apostando a una salida que no garantiza el objetivo, esa es una preocupación legítima que tenemos, entramparnos en una hipótesis de decir que con esto podamos resolverlo y no alcance y al final tengo que terminar cofinanciando un proyecto con endeudamiento”, aseveró Nicolás.
Sobre la forma, los diputados también cuestionaron especialmente la interpretación auténtica, que calificaron como un intento preliminar antes del verdadero objetivo que es la reforma.
La frenteamplista Rocío Alfaro, por ejemplo, cuestionó que una interpretación auténtica podría tener efectos retroactivos, a pesar de que el Ejecutivo lo que busca es un cambio a futuro.
“Es una propuesta, podrían mejorarse los proyectos, pero es importante abrir la discusión. Queremos solventar con la solución que los diputados consideren más viable, para mí la reforma es la mejor opción, pero hasta ahora no hay ninguna decisión tomada”, afirmó Acosta.
La comisión recibirá la próxima semana a Laura Fernández para continuar con la discusión.
