Por Juan José Herrera |14 de septiembre de 2022, 16:09 PM

El Estado invierte alrededor de ₡800.000 por mes para mantener a cada uno de los 14.800 privados de libertad que viven en las cárceles del país.

Así lo dio a conocer este miércoles a los diputados el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, en la defensa que hizo su cartera sobre el presupuesto ordinario del próximo año.

Campos arrancó su extensa comparecencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios con un video que refleja las paupérrimas condiciones en las que operan los oficiales de la Policía Penitenciaria.

Sumado a esto, criticó que los ₡193.674 millones propuestos por el Gobierno suponen una reducción de ₡6.147 millones en partidas críticas y que ese recorte les impediría mantener su operación normal.

“Con lo que tenemos ahorita (presupuestado) no podríamos mantener el deficiente servicio que damos hoy; con el (presupuesto) extraordinario nos da para mantener lo que hoy hacemos y el óptimo necesitaría de un aumento de más de ₡43 mil millones”, aseguró el jerarca.

Esos recortes, según dijo, provocarán que se mantenga el hacinamiento carcelario en el país y dejaría sin monitoreo electrónico al ministerio para abril del próximo año, pues solo se presupuestaron tres meses de operación.

“Eso significa que los 2.000 privados de liberad que tenemos con monitoreo nos van a ingresar a las cárceles y vamos a pasar de 14.800 a 16.800 personas”, alertó.

Sin embargo, el diputado Pablo Sibaja, del partido Nueva República, cuestionó que dentro de las partidas incluidas en el presupuesto ordinario hay más ₡10 millones para la compra de dos toros de reproducción o 6.600 gallinas.

Las autoridades de Justicia defendieron que esos animales son parte de los programas de reinserción social que tiene el ministerio y que estas granjas generan un beneficio para la cartera, incluidos los huevos que se consumen en el sistema penitenciario.

Fracaso de Terrazas y dudas

Gerald Campos cuestionó que en el presupuesto del próximo año se destinen más de ₡2 mil millones a la culminación del proyecto de Terrazas II, uno que calificó como un “fraude”.

“Terrazas I no sirvió y Terrazas II es un fraude, ese edificio no sirve para el sistema penitenciario, hicimos las denuncias en el Ministerio Público, pero tenemos un edificio de ₡5.600 millones que no va a servir y lo más grave, nos asignaron ₡2.400 millones que se van para terminar ese edificio porque hay compromisos adquiridos”, dijo.

Como ejemplos, el ministro aseguró que el proyecto tiene un comedor, pero no una cocina y que establece patios de luz en diferentes pisos, con “paredes con estereofón” y escaleras muy angostas que no están capacitadas para el manejo de emergencias.

Por todo esto, dijo, el plan es terminar la obra y que esta sea utilizada por la Policía Penitenciaria.

Pese a todas esas críticas, diputados como Eliécer Feinzaig (Liberal Pogresista) o Jonathan Acuña (Frente Amplio) insistieron a la comisión que no es labor de los diputados remendar las decisiones presupuestarias del Gobierno ni tampoco definir sus prioridades.

“Si al ministro de Hacienda no lo conmovió el video, o lo conmovió pero dijo no hay plata, las prioridades se definieron allá, en Avenida Segunda, entonces la llamada de atención no es para nosotros.

“No vengan a trasladarnos las quejas, los trapos sucios se lavan en casa, no le veo sentido a seguir teniendo una procesión de jerarcas viniendo a quejarse del presupuesto que su propio gobierno planteó. Uno esperaría que Hacienda sea el que defina prioridades, deberíamos hacer un alto en el camino, no tiene sentido seguir en estas audiencias, el Gobierno debería replantearse su estrategia o poner en raya a sus jerarcas”, dijo Feinzaig.

El Congreso tendrá hasta finales de noviembre para discutir y aprobar el presupuesto de 2023.