Avanza discusión para derogar delito de rapto en Costa Rica
La propuesta busca reformar el Código Penal para permitir castigos más severos a conductas similares.
La Comisión de Seguridad y Narcotráfico avanzó, este jueves, en la discusión del expediente 24.418, que busca derogar el delito de rapto en Costa Rica.
La intención de la propuesta es que, al eliminar esa conducta, se pueda perseguir el mismo delito u otros similares con normas que tienen castigos más severos, por ejemplo, la privación de libertad.
La iniciativa fue presentada por el frenteamplista Antonio Ortega a partir de una tesis de Derecho de la abogada Criss Mora Ramírez, quien fue recibida hoy en audiencia junto a la jueza Rosaura Chinchilla, quien ejerció como su lectora.
“Derogar el delito de rapto conllevaría una mejor tutela de la libertad personal de las mujeres sin incurrir en sesgos discriminatorios, porque hay otros tipos penales vigentes que sancionan la misma conducta.
“Sanciones menores que si se persiguieran otros delitos como la privación de libertad simple o agravada, la sustracción de persona menor de edad o la restricción a la libertad de tránsito de la ley de penalización de la violencia contra las mujeres”, explicó Mora.
La diputada liberal, Kattia Cambronero, consultó si derogar ese delito podría provocar que personas condenadas por esa conducta quedaran en libertad.
“Yo tengo aproximadamente 30 años de trabajar en el Poder Judicial y nunca he visto un proceso por rapto, entonces las condenas me atrevería a decir que son absolutamente residuales o nulas, de tal manera que si hubiese algún impacto sería mínimo o nulo”, le respondió Chinchilla.
La jueza explicó que, incluso si eso sucediera, la Sala III debe revisar el núcleo de esa conducta que en este caso sería la privación de libertad y determinar si no existe ninguna otra norma que la sancione, si eso pasara, sí tocaría dejar en libertad, pero ese no parece ser el caso.
La comisión dictaminó hoy también otras dos iniciativas de la independiente Gloria Navas, la primera para la creación de un registro de ofensores y la segunda para sancionar el acoso telefónico.
