Asamblea Legislativa se trae abajo nuevo intento de frenar matrimonio igualitario

El departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa le aclaró este lunes al presidente del Congreso, Eduardo Cruickshank, que no está facultado a presentar una acción por conflicto de poderes ante la Sala Constitucional por el matrimonio igualitario sin la aprobación de la mayoría de diputados.

La consulta de Cruickshank, presentada el viernes anterior, venía azuzada por las organizaciones civiles Sinergia Liderazgo y Desarrollo, Crece Por Mi País, Coherencia Cívica Costarricense, Fe y Sociedad y Somos Más, suponía un intento más por frenar la entrada en vigencia de la unión civil entre personas del mismo sexo, dispuesta para este martes 26 de mayo.

Según el criterio técnico, para interponer un “conflicto constitucional entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, la Asamblea Legislativa debe autorizarlo, mediante una moción aprobada por la mayoría absoluta del total de los diputados.

"No existe una norma en el Reglamento Legislativo que otorgue al Presidente de la Asamblea la facultad de interponer “motu proprio” un “Conflicto Constitucional entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial”", dice la resolución.

"Servicios ratificó lo que yo ya sabía como abogado, que en primer lugar no existe un conflicto de competencia y que, aunque existiera, yo no me puedo arrogar la representación del pleno de la Asamblea Legislativa aunque sea presidente", dijo el propio Cruickshank.

El presidente legislativo aclaró que presentó el documento a solicitud de esas cinco organizaciones, que planteaban ese supuesto conflicto entre el Poder Legislativo y el Judicial.

"Obviamente en mi condición de diputado vi que no tenía ningún sustento jurídico, no obstante le hizo la consulta al departamento de Servicios Técnicos", dijo hoy el legislador de Restauración Nacional.

La decisión se trae abajo entonces otro intento legislativo por frenar la entrada en vigencia del matrimonio igualitario, luego de que la semana anterior 33 diputados se opusieron a una moción de orden firmada por otros 24 legisladores, que pretendía aplazar por al menos 18 meses la entrada en vigencia del fallo constitucional de agosto de 2018.