Aprobado proyecto para anular naturalización de extranjeros vinculados con lavado o narco

El Plenario Legislativo aprobó, este miércoles, un proyecto de ley para anular la naturalización de aquellos extranjeros condenados por tráfico de drogas o lavado de dinero.

La iniciativa, de los liberacionistas Rodrigo Arias y Danny Vargas, fue votada en primer debate con el respaldo de 43 diputados.

El proyecto adiciona dos párrafos al artículo 18 de la Ley de Opciones y Naturalizaciones para precisar que los extranjeros naturalizados perderán la nacionalidad costarricense cuando se compruebe que tienen una sentencia en firme por un delito vinculado a la narcoactividad, ya sea en Costa Rica o en el extranjero.

Además, agrega un inciso al artículo 15 de esa misma ley para aclarar que tampoco se les otorgará la naturalización a personas con antecedentes similares.

Flagrancia y datos sensibles

Este mismo miércoles, el Congreso aprobó en primer debate el proyecto que promete agilizar el trámite de casos en los tribunales de flagrancia.

La propuesta, del socialcristiano Leslye Bojorges, reforma el Código Procesal Penal para variar los plazos que hoy tienen esos tribunales para investigar esas denuncias en las que los imputados son sorprendidos en el acto criminal.

Bajo la ley actual, los tribunales de flagrancia tienen 15 días para ese análisis y luego de ese plazo el caso pasa a los juzgados ordinarios, donde los procesos pueden durar años.

Con el cambio, los tribunales tendrían 25 días adicionales para culminar esa investigación.

“Los costarricenses están hastiados de los portillos que eviten que un delincuente, que agarran con las manos en la masa, no enfrente la justicia con prontitud. Incluso, personas que ya han delinquido, valiéndose de estos portillos que les permiten pasar a los juzgados ordinarios, están deambulando por las calles mientras esperan recibir sentencia en juicios eternos. Eso es lo que estamos corrigiendo’’, aseguró Bojorges.

Esta tarde, finalmente, el Congreso también aprobó en primer debate el proyecto para excluir de la Ley General de Contratación Pública las contrataciones que realice la Oficina de Atención a la Víctima del Ministerio Público para el programa de protección a víctimas y testigos.

La propuesta, del liberacionista Óscar Izquierdo, pretende evitar que la identificación de las personas que forman parte de ese programa de protección y así impedir que los delincuentes rastreen a las víctimas.

Los proyectos se votarán en segundo debate el próximo martes 19 de marzo.