Por Mariela Montero Salazar |14 de septiembre de 2024, 9:30 AM

A semanas de la entrada en vigor del Nuevo Código Procesal de Familia, aún no está claro quién se encargará de brindar asistencia legal gratuita a los menores de edad. 

La normativa permite que personas mayores de 12 años participen en procesos familiares sin necesidad de representación parental y asegura patrocinio letrado gratuito. Sin embargo, no especifica qué institución debe asumir esta tarea, lo que ha generado incertidumbre.

El artículo 42 del Código establece que el Estado debe proporcionar "asistencia y patrocinio letrado gratuito a las personas menores de edad que carezcan de medios económicos suficientes." A pesar de esto, tanto el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) como la Defensa Pública han expresado su preocupación por la falta de claridad y recursos necesarios para cumplir con este mandato.

Fanny Cordero Jiménez, coordinadora de prensa del PANI, indicó que "actualmente no tendríamos ni las fuentes de financiamiento ni el personal para asumir el aumento de participación en defensa judicial que implicaría la reforma". Cordero subrayó que estas funciones parecen estar más alineadas con la Defensa Pública.

Por su parte, María Angélica Gutiérrez, encargada de comunicación de la Defensa Pública, explicó que, para asumir esta competencia, se necesitaría una norma expresa. "Como está actualmente redactado el nuevo Código Procesal de Familia, la Defensa Pública no podría asumir dicha representación", declaró Gutiérrez en respuesta a las consultas de este medio.

Ambas instituciones han solicitado que se revise la asignación de responsabilidades antes de la entrada en vigencia de la normativa. 

Durante una sesión con diputados y personal judicial, recomendaron separar la reforma al artículo 42 del Código Procesal de Familia para facilitar su revisión y definir claramente quién asumirá la representación legal de los menores.

El expediente legislativo 24131, actualmente en la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos, podría ser clave para resolver este dilema, ya que contempla una posible reforma al artículo 42 para definir cuál será la institución a cargo.

"En los próximos días, la Defensa Pública realizará consultas a la Comisión de Familia y a la Corte Suprema de Justicia respecto de este y otros temas asociados", concluyó Gutiérrez, enfatizando la necesidad urgente de una clarificación legislativa.

TelegramTeleticacom